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1. En la década 1970-1980, incluso en los noventa, en varios países, tanto de Europa como de América Latina, la sociedad civil se organizó de manera sustancialmente cohesionada en el combate entre el Estado autoritario. La lucha unificada contra el autoritarismo, que reunía a los más diversos sectores sociales, contribuyó decididamente, acerca de la sociedad civil, a crear una visión homogeneizada que dejó marcas profundas en el debate teórico y político sobre el tema. Sin embargo, al surgir un nuevo orden asentado en instituciones democráticas formales básicas, el avance del proceso de construcción democrática contribuyó a explicitar y a clarificar la heterogeneidad de los diferentes proyectos políticos que se definían en el interior de la sociedad civil.
2. Este proceso tuvo un acento significativo en la construcción de una nueva ciudadanía. La redefinición de la noción de ciudadanía, emprendida por las organizaciones de la sociedad civil en las décadas arriba mencionadas, apunta a la creación de una sociedad basada en el reconocimiento de sus miembros como portadores de derechos, incluso del derecho de participar efectivamente en la gestión de la sociedad. Es aquí justamente donde se ubica el centro del análisis. Las formas de gestión y control social públicas no estatales, son una de las innovaciones fundamentales derivadas de las luchas de la sociedad civil contra del Estado autoritario.
3. Podemos afirmar, entonces, que como resultado de lo citado, se ha generado una consecuencia concreta fundamental: la emergencia de experiencias de construcción de espacios públicos, tanto de aquellos que buscan promover el debate democrático al interior de la sociedad civil para que sus propuestas sean incorporadas en la agenda pública, como de aquellos que se constituyen como espacios de ampliación y democratización de la gestión estatal.
4. Pero al hablar de la democratización de la gestión pública nos planteamos dos interrogantes: ¿Estamos en presencia de un nuevo control social? ¿Estamos en presencia de nuevos límites al Estado moderno? Estas preguntas nos permiten revisar los encuentros, es decir, los tipos de relación que se establecen entre la sociedad civil y el Estado. Precisar si éstos pueden o no contribuir al perfeccionamiento de los gobiernos, así como a los esfuerzos de control social del Estado, buscando la mayor transparencia y publicización de las políticas públicas*
5. José Fernández Santillán reflexiona sobre la cuestión, expresando que "...una primera y elemental función democrática de la sociedad civil es controlar y vigilar las actividades del Estado" (2003: 263). Pero también destaca el autor que "no sólo es esto ya que la sociedad civil es el espacio en los que se participa para influir en la definición de políticas públicas y para legitimar a las autoridades cuando éstas cumplen sus funciones en el marco de la ley" (2003: 260-261). De allí las fuentes de legitimidad y legalidad de la sociedad civil.
6. A su vez, Fernández Santillán destaca los límites contra los que choca la sociedad civil en su laboral pro democrática. Esto es, las tendencias particularistas, el nacionalismo agresivo, la xenofobia, las tendencias que centran su agresión contra el Estado nacional y el sistema constitucional que, a la larga, constituye la última defensa de la dignidad individual y ciudadana. Las tendencias particularistas han resurgido en algunas sociedades post-autoritarias con la finalidad de llenar el vacío dejado por el Estado en desbandada, aprovechando a veces para cobrar antiguas cuentas con grupos rivales, desfavorecidos en el nuevo juego de fuerzas imperante. En su virulencia, estos ataques también afectan a la política basada en la conciliación y la sociedad civil. Frente a los embates mencionados, sólo queda recordar la diferencia establecida por Ferdinad Tonnies entre comunidad y sociedad.
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