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La minoría gitana desde su llegada a la Península en el bajo medievo se organizó como colectivo aparte, con su lengua, tradiciones y estilo de vida. Las disposiciones para lograr su integración tuvieron siempre un carácter fundamentalmente represor y no dieron los resultados esperados. Tales medidas, culminantes con los Reyes Católicos, se prolongaron sin resultados positivos durante el siglo XVI, para prolongarse en el XVII con una serie de duras Pragmáticas Reales en tiempos de Carlos II, una vez fracasados los esfuerzos integradores desplegados por Felipe IV y sus colaboradores. Considerándoseles injustamente delincuentes por definición, no obstante hallarse en parte integrados en el contexto social, les será fijada residencia en puntos concretos y en condiciones muy restrictivas, prohibiéndoseles desplazarse libremente, asociarse, ocuparse en la ganadería, comercio y actividades económicas que no fuese la agricultura, e incluso vedándoles su lengua, ropas y costumbres ancestrales. Todo ello bajo las más severas penas.