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El 15 de agosto del 2007, la provincia peruana de Ica fue devastada por un terremoto de 7.9 grados en la escala Richter. Murieron casi 600 personas, más de 1.000 personas sufrieron traumatismos y 75.000 familias se vieron afectadas. La región soportó enormes daños en edificios e infraestructura, y los recursos locales y regionales se agotaron rápidamente debido tanto a la magnitud del desastre como a la falta de inversiones en materia de prevención de riesgos y de respuestas de emergencia.
El Gobierno declaró el estado de emergencia y solicitó la ayuda humanitaria internacional. El PNUD coordinó los esfuerzos de recuperación, que incluyó a expertos socorristas nacionales, internacionales y de la ONU. Dos años más tarde, el PNUD sigue presente en la provincia trabajando para fortalecer la habilidad del gobierno local de responder y mitigar los efectos de desastres futuros.
En algunas de las áreas más afectadas, 75 por ciento de los edificios y de la infraestructura sufrieron daños. La falta de planeamiento urbano, la presión demográfica causada por la migración interna de los Andes hacia la costa y las construcciones no declaradas – e improvisadas – de casas en terreno blando muy peligroso contribuyeron al alto nivel de destrucción.
Como parte de esta respuesta de recuperación de largo plazo, el PNUD está trabajando con las autoridades locales en la creación y la aplicación de mapas de riesgo conjuntamente con los esfuerzos de planeamiento urbano, para tener la certeza de que los edificios sean construidos en los lugares más seguros. Un ingeniero del PNUD y un sismólogo hicieron un exhaustivo estudio del terreno y de la calidad de la tierra en las áreas afectadas. En el ámbito de las políticas, ya se ha librado y ganado la batalla por las construcciones responsables. Ica es hoy la única provincia de Perú donde los constructores deben presentar una evaluación de riesgos ante el gobierno municipal.
Los terremotos han afectado la vida de las personas en Perú desde las civilizaciones antiguas de la época precolombina, pero los graves efectos sobre las personas se pueden reducir a través de la promoción y el desarrollo de una sociedad civil y de una infraestructura urbana que sean conscientes de los riesgos.
