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Las manifestaciones en Ecuador de 2019 fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional realizadas a partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 2019, tras el anuncio de ciertas medidas económicas parte del gobierno de Lenín Moreno, y se desarrollaron como protestas en contra de las medidas y en contra del gobierno ecuatoriano. Desde el exterior, grupos de ecuatorianos se movilizaron a las embajadas y consulados del Ecuador en los respectivos países de residencia para sumarse a los eventos convocados por las distintas organizaciones sociales durante el tiempo señalado.
Tanto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y el Frente Popular (FP); que formaron la oposición al gobierno de Rafael Correa; así como también la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (FENACOTIP) y grupos vinculados al Movimiento Revolución Ciudadana (MRC) declararon su adhesión y respaldo a las protestas contra Lenín Moreno; donde el grupo de opositores de Rafael Correa no aceptaron ninguna vinculación con el grupo liderado por el expresidente.
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La Asamblea no supo responder. El expresidente del Congreso, Guillermo Landázuri, dice que fue un poder del Estado ausente. “Fue un escenario lamentable sin un Legislativo que pueda orientar, calmar los ánimos, cumplir un proceso de diálogo”, señaló.
El presidente de esta Función, César Litardo (AP), no respondió a El Comercio por qué no convocó al Pleno en esos días. Aunque una semana después de la crisis, dijo que prefería ser recordado como “cauteloso antes que golpista”. Ahora busca la reelección.
En la Asamblea hubo una investigación que no determinó responsabilidades de las protestas. Además, hace nueve meses asambleístas de oposición plantearon un pedido de juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por la actuación de la Policía. Aún está en trámite.
La posición del sector privado y los empresarios fue hacer un llamado a la paz y a tratar de mantener las operaciones. Así lo sostiene Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, agrega que lo más grave fueron las secuelas, como la pérdida de confianza internacional y la afectación al empleo directo e indirecto.
La Asociación de Municipalidades pidió que alcaldes como Jorge Yunda, de Quito, y Pedro Palacios, de Cuenca, intercedan. El politólogo Simón Pachano considera que la posición de Yunda fue “tímida” y no actuó como pudo hacerlo.
Señala que era necesaria una mediación externa y neutral. Por ello ponderó la presencia de la ONU y de su representante, Arnaud Peral, quien medió entre los indígenas, trabajadores y el Gobierno. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana también colaboró.
Tras 10 días de intensas protestas, el Gobierno derogó el Decreto 883 que eliminaba los subsidios. Los protagonistas consultados creen que no se debería descartar que se repita un escenario similar, ya que hay sectores interesados en generar el caos y ahondar la polarización y así buscar réditos en las elecciones del 2021