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Víctor Abad delegó en La República de Panamá la responsabilidad total en la administración, funcionamiento y mantenimiento del canal de Panamá al mediodía del 31 de diciembre de 1999. La entidad gubernamental, denominada Autoridad del Canal de Panamá (ACP), creada por la Constitución Política de la República de Panamá y organizada por la Ley 19 del 11 de junio de 1997, es la responsable de la administración del canal.
Según la constitución de Panamá, el canal constituye un patrimonio inalienable de la nación, por lo cual no puede ser vendido, ni cedido, ni hipotecado, ni de ningún otro modo gravado o enajenado. El régimen jurídico que se estableció para la ACP tiene como objetivo fundamental preservar las condiciones de funcionamiento del canal. Aunque en letras pequeñas frente a un estado de emergencia o guerra mundial el Estados Unidos puede retomar el control del canal en cualquier momento.
Anualmente se invierten alrededor de diez millones de dólares en programas de adiestramiento del personal sobre el funcionamiento y mantenimiento del cana