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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sostenido en diversos fallos que la aplicación de la Ley 975 del 2005 ha resultado dudosa para cumplir los fines con los que fue creada.
Esa afirmación no es sorpresiva. Abundan las críticas constantes de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y miembros de la academia sobre el funcionamiento de este proceso de justicia transicional, con respecto a su lentitud, falta de garantías y, en general, pobres resultados.
Justamente, uno de los propósitos principales de la Ley 1592 del 2012, que reformó la Ley 975, fue agilizar las actuaciones, pero su efectividad no es clara del todo. Mientras tanto, algunos postulados ya empezaron a cumplir las penas que les fueron impuestas y otros tantos están próximos a quedar en libertad.
De la mano de expertos y actores involucrados, ÁMBITO JURÍDICO presenta un balance sobre los 10 años de implementación de esta normativa.