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En Israel, la tortura está institucionalizada, en tanto está regulada por unas normas detalladas y unos procedimientos escritos. Un amplio contingente de funcionarios públicos participa en su práctica, existe un comité ministerial encabezado por el primer ministro que supervisa los procedimientos, hay médicos que determinan si un detenido es médicamente apto para soportar la tortura; los fiscales defienden la práctica en los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia, sin haber resuelto si es legal en principio, a ha legalizado de hecho al aprobar su uso en casos concretos.
La toma de rehenes es otro ejemplo de cómo Israel cubre con un manto de legalidad la infracción de normas fundamentales del derecho internacional. Las autoridades israelíes mantienen en la actualidad a unos veinte ciudadanos libaneses en reclusión dentro del territorio de Israel. La mayoría de estos "presos" no han sido acusados formalmente ni juzgados; otros siguen en prisión después de haber cumplido sus condenas; algunos llevan hasta once años privados de libertad. En noviembre de 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Israel confirmó la reclusión administrativa de diez de estos ciudadanos libaneses en calidad de "piezas para la negociación", para tratar de obtener a cambio el regreso de los soldados israelíes desaparecidos. En otras palabras, el tribunal declaró que era legal mantener a personas en prisión en calidad de rehenes.
La toma de rehenes conculca el derecho internacional y puede ser justificada. Resulta una amarga ironía que el Gobierno israelí, -que normalmente está en la vanguardia de la lucha internacional contra el terrorismo-, haya adoptado una práctica que constituye uno de los sellos característicos de los grupos terroristas de todo el mundo.
En conclusión intentan legalizar unos actos ilegales para la práctica de las ejecuciones extrajudiciales.
La toma de rehenes es otro ejemplo de cómo Israel cubre con un manto de legalidad la infracción de normas fundamentales del derecho internacional. Las autoridades israelíes mantienen en la actualidad a unos veinte ciudadanos libaneses en reclusión dentro del territorio de Israel. La mayoría de estos "presos" no han sido acusados formalmente ni juzgados; otros siguen en prisión después de haber cumplido sus condenas; algunos llevan hasta once años privados de libertad. En noviembre de 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Israel confirmó la reclusión administrativa de diez de estos ciudadanos libaneses en calidad de "piezas para la negociación", para tratar de obtener a cambio el regreso de los soldados israelíes desaparecidos. En otras palabras, el tribunal declaró que era legal mantener a personas en prisión en calidad de rehenes.
La toma de rehenes conculca el derecho internacional y puede ser justificada. Resulta una amarga ironía que el Gobierno israelí, -que normalmente está en la vanguardia de la lucha internacional contra el terrorismo-, haya adoptado una práctica que constituye uno de los sellos característicos de los grupos terroristas de todo el mundo.
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