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Desde diciembre de 1983 la Argentina ha vivido su período más largo bajo un régimen democrático. Esta situación novedosa para fines del siglo XX no aparenta serlo para el siglo XXI. La sociedad argentina finalmente parece haber aceptado vivir bajo esta forma de organizar la vida política. Sin embargo, luego de 32 años están apareciendo en grupos, tanto de la sociedad como políticos, situaciones, comportamientos y valores contrapuestos que sugieren la existencia de un conflicto sobre lo que significa gobernarse en base a los principios de la democracia.
El curso de la historia muestra que la democracia moderna, adoptada inicialmente por algunos pocos países de Europa occidental y América del Norte, y luego extendida, es el resultado de una lucha contra las monarquías absolutas por derecho divino. Para poner límites al poder de la corona se adoptaron las constituciones. En ellas se establecieron un conjunto de reglas para regular cómo debe gobernarse la sociedad y cómo debe aplicarse el poder del Estado. Frente a la posible arbitrariedad del monarca, se establecieron reglas objetivas para evitarla o regular esta tendencia en los comportamientos de los gobernantes. Al mismo tiempo, basados en principios liberales, los individuos y grupos encontraron protección frente a posibles abusos de poder político.