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Si bien se han dado iniciativas estatales para atender a la situación de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, estas se han presentado de modo desintegrado y sin ser concertadas con los pueblos indígenas.
La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos.
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