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La apropiación de tierras indígenas en América Latina en realidad ha venido ocurriendo desde la llegada de los españoles, pero en las últimas décadas, desde los años ’70, se da un nuevo proceso de apropiación mediante políticas de privatización de tierras indígenas a favor de empresas agrícolas y ganaderas, de concesiones mineras y de exploración hidrocarburifera sobre territorios indigenas1, como también la ocupación de estas tierras en forma ilegal y violenta. Un proceso que se ha dado en llamar “acaparamiento de tierras”.
A partir del 2007 este proceso se acelera, asociado a dos grandes crisis: la financiera y la alimentaria, que desataron una carrera por la compra de tierras en África, Asia y América Latina2. A nivel político, la desregulación del mercado de tierras, los acuerdos de comercio e inversión, y las reformas orientadas al mercado facilitaron este proceso