escribe Las dificultades que Los jovenes salvadoreños encuentran Para ser Buenos ciudadanos en la actualidad
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La sociedad salvadoreña carga con un sinnúmero de problemas —económicos, sociales, ambientales—, unos más complejos que otros. Todos ellos, en su conjunto, hacen que tanto la vida individual como la convivencia colectiva sean sumamente difíciles. No hay que hacerse ilusiones: los problemas que agobian a los salvadoreños no pueden ser superados de una sola vez ni en el mediano o corto plazo. En contra de los maximalismos del todo o nada, hay que apostar por soluciones inmediatas a problemas que afectan directamente la convivencia cotidiana, aunque en ellos no se jueguen aspectos “estructurales”.
Quien quiera que esté en contra de este planteamiento esgrimirá que, tarde o temprano, habrá que enfrentarse a las estructuras económicas, que son la raíz de los graves males que aquejan a los salvadoreños. Quizás este argumento sea cierto. Sin embargo, no hay porqué esperar a que haya cambios estructurales para que la vida de los salvadoreños mejore aunque sea un poco. Mientras lo estructural aguarda, se pueden intentar resolver problemas menos estructurales, pero más inmediatos. Poner algo de empeño en esto puede, marcar pautas de acción para enfrentarse a otros asuntos más espinosos y de mayor calado.
El problema del transporte colectivo: ¿qué hacer?
El problema del transporte público es uno de tantos que debe ser puesto en la lista de prioridades. Y es que la vida de miles de personas —no sólo usuarios del servicio— mejoraría considerablemente si ese problema fuera enfrentado y resuelto como es debido. ¿Por dónde comenzar? Pues bien, quizás lo primero que haya que hacer es reconocer que el sistema de transporte público —por las prácticas y vicios que le son consustanciales en la actualidad— es un foco de tensión social, violencia, contaminación y caos.
Este debería ser el supuesto básico desde el cual habría que enfrentarse al problema, de una forma distinta a la que usualmente se ha seguido y que se caracteriza por lo siguiente: a) por la politización de las discusiones (y de las decisiones) en torno al sector y b) por el otorgamiento de beneficios de diversa naturaleza a los empresarios del transporte público (buseros y microbuseros). Al politizar el problema, tanto desde el Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa, se han salvaguardado intereses particulares, perdiendo de vista el bienestar de la mayoría de ciudadanos. Al otorgar privilegios de todo tipo a los empresarios no sólo se ha aumentado su capacidad de chantaje, sino que se les ha hecho creer que su poder los hace intocables, que la legalidad es algo que no va con ellos.
Son dos los requisitos indiscutibles para avanzar en la solución del transporte colectivo: ni politización, ni otorgamiento de beneficios indebidos a empresarios. Ciertamente, no basta con eso. Y es que se tienen que dar otros pasos adicionales.
En primer lugar, se deben eliminar los privilegios conquistados por los empresarios del transporte colectivo, mediante la corrupción, el chantaje y el abuso. Son esos privilegios los que han llevado a que no sólo calles y avenidas estén saturadas de unidades, sino también a que sus conductores impongan su ley en aquéllas.
En segundo lugar, se debe dejar de ver el problema del transporte colectivo como un asunto de reemplazo de unidades viejas por nuevas o como un asunto de incremento o no del pasaje para los usuarios. No es que ambas cosas no sean importantes, pero al reducir la discusión a esos dos aspectos se pierden de vista otros aspectos no menos relevantes. Por ejemplo, el excesivo número de unidades de buses y microbuses en determinadas zonas de las principales ciudades —sin duda, el centro de San Salvador es el caso extremo de esta situación—, mientras que existen zonas del interior del país donde el transporte colectivo es insuficiente. De poco sirve contar con unidades nuevas, si ellas van a estar concentradas en las zonas de siempre, ocupando el espacio público, contaminando, consumiendo combustible gratuitamente y generando tensiones sociales innecesarias. En la misma línea, de poco sirve contar con un parque de unidades nuevas si quienes las van a conducir son los delincuentes en potencia de siempre, es decir, unos conductores acostumbrados a violentar la dignidad de los usuarios y peatones, sin que nadie ponga un alto a sus abusos.