Cuáles fueron las principales violaciones a los derechos humanos sucedidas en el período de 1952
en Bolivia
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Washington D.C., 19 de marzo de 2015.- Varias organizaciones denunciaron esta mañana los insuficientes avances del Estado boliviano en la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Bolivia durante los 18 años de regímenes militares.
ASOFAMD, Movimiento de Mujeres Libertad, la Plataforma Luchadores Sociales, la Unión de Víctimas de Violencia Política, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Bolivia sus exigencias en relación a los derechos violados durante la dictadura.
Se calcula que, entre el 1964 y el 1982, en Bolivia hubo aproximadamente 150 desapariciones forzadas. Además, 40 personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas en países vecinos y posteriormente desaparecidas en el marco de la Operación Cóndor.
“Seguimos sin encontrar a nuestros seres queridos, puesto que no existe una política eficaz para la búsqueda, localización e identificación de los restos. Las investigaciones penales por estos hechos tampoco tienen avances positivos”, dijo Ruth Llanos, de ASOFAMD. “A 50 años de ocurrido el primer caso de desaparición forzada en Bolivia, los familiares se están muriendo sin conocer la verdad” concluyó.
También denunciaron ante la Comisión los avances insuficientes en las investigaciones penales por los hechos ocurridos durante esta época y la falta de voluntad política para ordenar la desclasificación, análisis y acceso a la información en poder de las fuerzas militares.
La Ministra de Justicia de Bolivia, Virginia Velasco, manifestó durante la audiencia que su “voluntad como autoridad máxima es la de establecer un diálogo para llegar a un buen fin”, como repuesta a la invitación del Comisionado Paulo Vannuchi de ampliar “caminos para seguir adelante con las reivindicaciones”
No obstante, para María José Eva, de Amnistía Internacional, “la presentación del Estado ha sido decepcionante pues no aporta nada nuevo a la respuesta que ha venido dando durante los últimos años”.
Por su parte, la abogada de CEJIL, Juliana Bravo, resaltó que para avanzar “Hace falta un plan y una política integral en materia de justicia, verdad y reparación, que de cuenta de la gravedad de los hechos sucedidos para que así no vuelvan a ocurrir. Esto sólo será posible si hay leyes y acciones que se adecuen a las obligaciones internacionales, evitando la impunidad de los hechos cometidos durante los regímenes militares”, subrayó.
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