Respuestas
1.- Transparencia. Una administración transparente permite a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público. La transparencia, por otra parte, es la mejor herramienta en la lucha contra la corrupción. Además de una ley de que permita el acceso de los ciudadanos a la información, debería crearse una Agencia Anticorrupción y protegerse al que denuncie un caso de corrupción, fraude, abuso o despilfarro.
2.- Rendición de cuentas. Este principio, que los anglosajones denominan accountability, obliga a los que gobiernan a explicar con detalle en qué gastan los fondos públicos. Pero además, permite a los ciudadanos exigir responsabilidades a los malos gestores y a los que prevarican o malgastan el dinero de todos. La futura ley de transparencia debería imponer este principio en la actuación de toda la administración.
3.- Una justicia que funcione. Un país en el que un pleito puede tardar más de 10 años en dirimirse no inspira confianza. La tardanza en la resolución de los procedimientos incentiva a los que actúan de mala fe y convierte en ilusorios los derechos de las partes. Pero no se trata solo de una cuestión de eficiencia. Lamentablemente, la credibilidad de la justicia, altamente politizada, también está en juego. La situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, o la falta de independencia del Fiscal General del Estado, son claros ejemplos del sometimiento de la justicia al poder político.