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Los factores desencadenantes de la crisis del Estado de bienestar se centran principalmente en la crisis económica, que comienza hacia los años 70 del siglo XX. Así, otro factor económico que contribuye a la crisis del sistema, junto con la crisis del petróleo, es la internacionalización de la economía.
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El Estado del Bienestar español, tras el final de II Guerra Mundial, y previamente a partir de 1942 y del planteamiento en muchos sentidos keynesiano de Beveridge, se desplegó con avances continuos hasta el freno generado por la crisis mundial que amplió el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
A partir de ahí, un fenómeno doble actúa. Por un lado, la población española envejece con fuerza, mientras se hunde la natalidad. Con ello, el problema demográfico se amplía como se ve, a corto plazo, pues en 2031 uno de cada cuatro habitantes de España tendrá más de 65 años, y en 2050, uno de cada tres, como señala Rafael Puyol en su trabajo El empeoramiento demográfico: consecuencias y oportunidades (Real Academia de Doctores de España, 2018), como consecuencia de ser España el país de la Unión Europea con más alta esperanza de vida y, al mismo tiempo, con una natalidad en auténtico derrumbamiento, entre otros motivos por esa curva logística que se nos ofrece en el artículo de Thais García Pereire, Rol de las pioneras en el proceso de difusión de la primera cohabitación en España, en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, abril-junio 2019.
Como consecuencia, se amplía de modo creciente la presión de los ancianos, a través del interés de las organizaciones sindicales vinculadas sociológicamente con el PSOE y los partidos políticos situados a la izquierda, y el peso de un volumen de votantes mayores de 65 años, afectados por problemas derivados al haber perdido, automáticamente, el puesto de trabajo. Presión que procura que el sector público incremente y facilite las pensiones. Estos enlaces de los sindicatos y ciertos partidos políticos, -recordemos que entonces, como nos ha mostrado Ubaldo Nieto de Alba, había permanecido fiel a ese enlace en solitario el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, pero a partir de la fractura del Acuerdo Nacional de Em-pleo, comenzada por Felipe González en sus declaraciones en El País el 6 de junio de 1982, se pasaba a aceptar por el PSOE la postura adoptada por UGT.
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