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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sostenido en diversos fallos que la aplicación de la Ley 975 del 2005 ha resultado dudosa para cumplir los fines con los que fue creada.
Esa afirmación no es sorpresiva. Abundan las críticas constantes de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y miembros de la academia sobre el funcionamiento de este proceso de justicia transicional, con respecto a su lentitud, falta de garantías y, en general, pobres resultados.
Justamente, uno de los propósitos principales de la Ley 1592 del 2012, que reformó la Ley 975, fue agilizar las actuaciones, pero su efectividad no es clara del todo. Mientras tanto, algunos postulados ya empezaron a cumplir las penas que les fueron impuestas y otros tantos están próximos a quedar en libertad.
De la mano de expertos y actores involucrados, ÁMBITO JURÍDICO presenta un balance sobre los 10 años de implementación de esta normativa.
Verdad
El proceso penal, tal como fue concebido en la Ley 975, es el principal encargado de esclarecer la verdad sobre los delitos cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley, al igual que el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
Igualmente, “a ese proceso se le asignó la responsabilidad de satisfacer los derechos a la reparación y no repetición, lo que defraudó las expectativas de las víctimas inscritas”, tal como advierten Manuel Páez, docente de la Universidad Externado, y Nicolás Arana, experto en justicia transicional.
No obstante, Páez y Arana destacan que el mayor avance en la obtención de la verdad ha sido la identificación y entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares. Además, sirvió para que la opinión pública entendiera que el paramilitarismo fue o es un fenómeno que involucró a gran parte de la sociedad e instituciones y una forma de control social y territorial criminal, donde el narcotráfico jugó un papel fundamental, añaden.
En concepto del director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, “la verdad que se ha conocido es ínfima frente a la magnitud de atrocidades perpetradas y que habrían debido esclarecerse”.
Gallón sustenta su argumento en siete razones: se restringió el acceso a las audiencias y lo revelado se consideró reserva sumarial; la extradición de los máximos jefes paramilitares; aunque se conocen nexos de funcionarios con tales grupos ilegales, no se ha realizado la depuración institucional del Estado; las redes de apoyo al paramilitarismo tampoco han sido desmanteladas; la limitada participación de las víctimas, y el asesinato y desaparición de numerosas personas durante el proceso.
El grupo de investigación del Observatorio CITpax también cree que la reserva frente a las versiones libres y las verdades construidas en los procesos ha generado que todavía no se hayan desmontado todos los discursos que legitiman la violencia, por lo cual se debe replantear el debate sobre el equilibrio entre la intimidad de las víctimas y los demás participantes del proceso y la necesidad de la sociedad de conocer las estructuras criminales, para hacer un juicio político.