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La doctrina jurídica tradicional, y en particular la filosofía del derecho, se interrogan desde siempre acerca del modo en que las reglas sociales y las normas jurídicas surgen y se imponen en la sociedad, a lo que se añade la cuestión relativa a la manera en que esas reglas y normas se legitiman. La tradición jurídica y filosófica mantuvo durante siglos la tesis de que el ser humano es sociable por naturaleza y, por tanto, sólo en la sociedad organizada alcanzaba el individuo humano su más plena y perfecta realización. Por consiguiente, las normas y la organización política eran una secuela necesaria del propio ser del hombre, la dimensión o componente comunitario inmanente a esa naturaleza. Pero con la llegada de la época moderna entra en crisis esa justificación teleológica y metafísica del orden social y de sus normas. El ser humano deja de verse como puro actor del guión preescrito y prescrito con anterioridad y se torna autor de su propia vida y sus propias realizaciones sociales. Se mantendrá hasta nuestros días la idea común de que no hay sociedad sin normas, pero las normas ya no son plasmación de ningún fin preestablecido, sino producto propiamente humano, contingente y variable. La correlación entre normas jurídicas y poder se torna explícita y la cuestión de legitimación de ese poder y de sus productos normativos se constituye en problema teórico y clave de la filosofía política[1] y jurídica. Frente al tradicional desdoblamiento del sujeto en individuo empírico y ser genérico portador de esencias naturales determinantes, el sujeto moderno se concibe como puro ser empírico, como individuo que gobierna autónomamente su vida en un mundo que no está sujeto a más determinación que la de la causalidad material. Ya no somos portavoces de una naturaleza de alguna forma trascendente que se nos impone y convierte nuestras vidas y agrupaciones en realización de un fin predeterminado, sino dueños enteramente de nuestros destinos. El estado “natural” del hombre es el de ser libre, autónomo, ya se lo conciba movido por sus instintos o impulsos primarios, ya guiado por una razón que es ante todo raciocinio individual. El sujeto genérico deja su sitio al individuo concreto. Con ello aparece un nuevo problema. Ahora el gran interrogante será el de por qué el hombre vive en sociedad y se somete a normas, sociedad y normas que suponen limitaciones a su irrestricta libertad como individuo. Vivir en sociedad es vivir bajo normas y las normas ya no se ven como la prolongación de la naturaleza humana, sino como su limitación.
Pensemos en los padres de la moderna filosofía política, como Hobbes, Locke o Rousseau. En ellos la sociedad es producto artificial, conquista histórica que acarrea un coste para la libertad y las inclinaciones naturales, sean éstas positivas o negativas. Cuando estos autores se representan a los hombres en un estado originario, apelan a la idea de estado de naturaleza. El estado de naturaleza es aquella situación en que los seres humanos viven sin propiamente convivir, interactúan sin reglas, se relacionan sin salir de lo que en términos de algunas filosofías actuales llamaríamos la lógica egocéntrica. Y si no es un impulso o instinto “natural” el que, sin mediaciones de ningún tipo, lleva a la constitución de la sociedad y de sus reglas, esas reglas sociales sólo pueden ser resultado de una decisión de los individuos basada en algún tipo de cálculo de utilidad, de conveniencia[2]. Con ello, se apunta en las doctrinas del contrato social la vía por la que se legitimará el poder político y sus normas: poder legítimo será aquel que se ejerza en consonancia con ese designio originario que lleva a los individuos al sometimiento. Es decir, poder legítimo será aquel que aporte a los individuos la ventaja que éstos buscan cuando renuncian a la libertad irrestricta del estado de naturaleza, aquel que proporcione beneficios capaces de compensar la dejación de libertad que los individuos hacen en su favor[3].
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