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En los 68 años de vigencia internacional de la teoría de derechos humanos, Honduras ha estado inmersa en un cúmulo de contradicciones que laceran las condiciones jurídicas, técnicas y políticas para garantizar al pueblo sus derechos. La Constitución de la Republica establece que; “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como Republica libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”. Junto al Estado responsable de la aplicación de los mandatos de la Constitución, se desarrollan aparatos o estructuras que entorpecen el funcionamiento del gobierno. Por ejemplo, junto al surgimiento de la actual Constitución, aparece el protagonismo de la cúpula militar y empresarial del país aglutinada en la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) en la década de los años ochenta. La APROH llegó a ser la estructura oficial de la cúpula empresarial que tenía a su servicio a la cúpula militar con Gustavo Álvarez Martínez al mando, desde allí y con su poder económico militar torcieron la administración gubernamental, evitando un quiebre político que podía desestabilizar la economía capitalista. Además de los aparatos armados oficiales del Estado, la APROH como estructura estratégica en el marco de la doctrina de seguridad nacional apoyada por el Gobierno de los Estados Unidos significó la pauta para la recomposición del proyecto ultraconservador.