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El delito causa un daño social y a menudo un daño particular que afecta los bienes de cierto individuo -el ofendido, la víctima- y del que se desprende la obligación de reparar, exigible en sede jurisdiccional. La relación resarcitoria entre el ofendido y el infractor se resuelve en la reparación del daño.
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Las consecuencias pueden incluir la detención, la libertad condicional, las horas de órdenes de trabajo, la terapia y las multas. Por último, si un menor comete un delito grave, puede ser objeto de castigo como un adulto, dependiendo de su edad y la gravedad de la infracción.
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