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Por qué los gobiernos colombianos se siguen aferrando al extractivismo desde el siglo XIX?
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Respuesta:
El Gobierno colombiano sigue aferrado a los hidrocarburos y la minería como motor económico del país. Es la principal conclusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que el Ministerio de Minas celebró en Cali. Cuatro horas en las que, junto a las autoalabanzas por las mejoras de seguridad jurídica, agilidad y transparencia, el mensaje -o la advertencia-, lanzada fue que sin minería o hidrocarburos se ponen en riesgo la mayoría de las inversiones sociales. La idea que se repitió varias veces es que la actividad minero-energética aportó de 10 billones de pesos en regalías que “benefician a la inversión en educación, vivienda, agricultura, salud y cultura de miles de familia”. Sin esas regalías de dónde saldrían los recursos, se pregunta el Gobierno. “La dicotomía petróleo o no, no es posible (…) o aprovechamos esos recursos o nos quedamos sin posibilidad de desarrollo social”, apuntó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia.
La posición del Gobierno se enfrenta radicalmente a las alertas de movimientos ambientalistas, de derechos humanos y juristas que señalan que el modelo extractivista sólo supone una reprimarización de la economía y genera destrucción, miseria y explotación, afecta a la seguridad alimentaria de los pueblos, y provoca daños irreversibles en el ambiente. Informes de la propia Contraloría señalan que los municipios con más minería son los que tienen más necesidades insatisfechas. La campaña de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo ‘La gran minería envenena’ alertaba además de que la normativa Colombiana está hecha para favorecer a las transnacionales y que las regalías son escasas y “cada vez se paga menos”. Esta campaña puso en marcha la petición de una moratoria minera. Un estudio de 2013 dirigido por el economista Luis Jorge Garay para la Contraloría General de la Nación, titulado ‘Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista’, señalaba que Colombia es uno de los países de América Latina con más bajos ingresos fiscales derivados del impuesto a la renta y de las regalías del sector de la minería e hidrocarburos.
Esta semana, en una audiencia pública sin apenas voces críticas –solo tres de los asistentes a los que se dio la palabra cuestionaron la acción del Gobierno-, el Ministerio de Minas dejó claras sus apuestas. Por un lado la minería y por otro los hidrocarburos. Las energías ‘limpias’ se potencian en las zonas sin interconexión: eólicas y solares. Pero en este paquete se incluyen también las hidroeléctricas, es decir las grandes presas como la Hidroituango, con un gran rechazo de la población afectada.
El 4% del territorio nacional está titulado para minería, el 2% en explotación, según los datos facilitados en la Audiencia Pública. En Colombia, la minería de carbón se centra en el oriente, la de oro en la zona occidental y la minería a cielo abierto, en el norte.
Como proyecto destacado, en la audiencia pública se citó el licenciamiento ambiental de cuatro iniciativas de gran minería de oro en Antioquia que, con 20 toneladas/año, duplicarán la producción anual. Se trata de Gramalote, de AngloGold Ashanti; Cisneros, de Antioquia Gold; Santa Rosa de Osos, de Red Eagle Mining; y Buriticá, de Continental Gold. Todos ellos operados por multinacionales de Canadá, Sudáfrica y Perú.
Eso sí, en la audiencia pública, se repitió hasta la saciedad que la apuesta es por la “minería bien hecha” y por la protección de la minería tradicional o de subsistencia.
Ello conlleva promesas de enfrentar la minería ilegal y acabar en tres años y medio (2020) con los vertidos de mercurio a los ríos colombianos –hasta 140 toneladas llegan en la actualidad a las cuencas- y legislar para diferenciar al minero tradicional y el barequero de las mafias de minería ilegal. Esa defensa de los mineros tradicionales pasa por un proyecto de ley que identificará a todos los implicados en el proceso de minería ilegal y diferenciará y castigará al “capo y al dueño”. “Esas fotos de las redes sociales [en referencia a las campañas contra la minería] no es minería bien hecha, no es lo que nosotros queremos. Es importante dar instrumentos a quienes lo quieran hacer bien”, insistía el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata.