Respuestas
Al iniciar una nueva década, el debate sobre política económica se concentra en las consecuencias de las reformas implementadas en América Latina y el Caribe en los dos últimos decenios. La apertura comercial, la liberalización financiera y las privatizaciones han alterado radicalmente las reglas del juego que rigen el trabajo y los negocios. Los cambios de política macroeconómica que acompañaron o precedieron a las reformas en ocasiones reforzaron los objetivos específicos de las reformas estructurales —sobre todo el crecimiento de las exportaciones—, pero en otras tuvieron efectos contrarios.
Explicación:
bien claro ya lo explique
Respuesta:
La "libertad de comercio"
El comercio con América fue una de las áreas a la que los borbones le dedicaron mayor atención, ya que la consideraban como el principal motor de la recuperación de la economía española. Una de las primeras medidas fue el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz (1717), lo cual legalizaba una situación de hecho, ya que desde fines del siglo anterior la bahía gaditana fue ocupando un lugar cada vez más preponderante en el comercio con América. La Casa de Contratación debía fomentar y regular la navegación entre España y América.
Uno de los puntos más importantes del reformismo borbónico era acabar con el monopolio comercial ya que los comerciantes tenían una gran ganancia sin tener pérdidas y esto afectaba a la corona porque no tenía ganancias. La casa de moneda pasó a manos de la corona, de esa manera los comerciantes se opusieron a las reformas.
Los superintendentes estaban aliados con los comerciantes por lo que era difícil romper con el monopolio comercial. Fue con la llegada de José de Gálvez y la apertura del comercio que se logró romper con esta red de comerciantes y superintendentes. En 1770 el libre tráfico comercial fue autorizado para las Antillas, se permitió comerciar con Perú y Nueva Granada. Hubo una serie de puertos donde se estuvo comerciando libremente y por otro lado se crearon los consulados de Veracruz y Puebla. Todo ese movimiento dio como resultado la ruina de los comerciantes y llegó a su último e irrevocable término cuando «el 28 de febrero de 1789 Carlos IV declaró que el reglamento del comercio libre se extendía al virreinato de Nueva España».
La minería
La minería, al igual que la tierra, era la espina dorsal de la economía de la Nueva España por lo que las reformas se adaptaron a esta situación. Juan Lucas de Lassaga junto a Joaquín Velázquez Cárdenas y León propuso unas reformas encaminadas a financiar las actividades mineras, reducir las cargas fiscales, solucionar los conflictos entre mineros (originados por la posesión de una mina o el desagüe de un conjunto de minas en la mayoría de los casos), precisar o reformar el contenido de las ordenanzas mineras vigentes y dotar al gremio de los mineros de un organismo directivo.
En otras palabras, proponían la minería como actividad productiva de la cual se autorizaran varios puntos como: una organización gremial, publicar nuevas ordenanzas, crear un banco de avío, crear una escuela de minería con técnicos de nivel 40.
De esta manera se constituyó el cuerpo de minería. Velázquez Cárdenas y León quedó como presidente y Juan Lucas de Las saga, como secretario de minería. Se crearon las nuevas ordenanzas y se llevaron a cabo los puntos que se habían propuesto anteriormente. Hubo cambios en la minería, en 1784 se creó un banco de avío, en 1792 se creó el seminario de minería.
La Real Cédula de 1804
La medida que mayores desajustes provocó en la Nueva España fue la real cédula de 1804 sobre la enajenación de bienes raíces de las corporaciones eclesiásticas, que desató reacciones violentas en contra del gobierno español. Esto se debió a que, con excepción de los comerciantes más ricos, aquella disposición afectó a los principales sectores productivos del virreinato (agricultura, minería, manufacturas y pequeño comercio), y en particular a los agricultores, pues la mayoría de los ranchos y haciendas estaban gravados con hipotecas y censos eclesiásticos, que los propietarios se vieron obligados a cubrir en un plazo corto, a fin de que ese capital fuera enviado a España. De esta manera, no solo la Iglesia se vio afectada por la real cédula, sino también casi toda la clase propietaria y empresarial de la Nueva España, así como los trabajadores vinculados con sus actividades productivas. Por ello, se levantó un reclamo y por primera vez en la historia del virreinato todos los sectores afectados expusieron al monarca por escrito sus críticas contra el decreto en cuestión. A pesar de todo, la cédula se aplicó desde septiembre de 1805 hasta enero de 1809, produciendo un ingreso de alrededor de 12 millones de pesos para la Corona, que supusieron el 70 % de lo recaudado en todo el territorio hispanoamericano.
Explicación: