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Mi contribución al debate tratará de centrarse en la cuestión planteada: las posibles consecuencias para las mujeres y su salud del anteproyecto de regulación del aborto planteado por el actual gobierno. No se trata, pues, de debatir sobre la moralidad del aborto en abstracto, sino de una cuestión político-jurídica en relación con la mejor regulación de un problema que afecta a la salud pública. Desearía evitar abordarlo como un enfrentamiento de posiciones "pro vida" y "pro elección", puesto que partir de un choque de absolutos petrifica las posiciones e imposibilita abordar los problemas con la necesaria flexibilidad que permita llegar a acuerdos en una sociedad plural, es decir, que no comparte un único código moral. Además, porque la primera denominación (pro vida) es engañosa: ¿qué quiere decir defender la vida?, ¿la vida de quién?, ¿la de las mujeres?, ¿la de los fetos?, ¿la de los ya nacidos?, ¿la de las células? Y defender la vida, ¿cuándo y en qué condiciones? Por su parte, la segunda (pro elección) es simplista porque en ningún caso el aborto es un bien para las mujeres, sino tal vez un mal menor y una opción a veces inevitable que ampara legalmente a quienes deseen acogerse a ella y no impone nada a quienes no deseen abortar.
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