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El Perú es uno de los 20 países más ricos en agua dulce del mundo y al mismo tiempo el tercer país con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. Se expresa, entonces, las dos caras de uno de los principales retos del gobierno frente al bicentenario, en lo referente a garantizar el pleno acceso al agua a nivel nacional en 2021.
Una meta realmente ambiciosa considerando la discutible actuación del Estado en los no pocos conflictos socioambientales relacionados con el uso de las fuentes primarias de agua, entre los que destacan los proyectos de Tía María y Conga.
No obstante, el Estado peruano ha venido impulsando durante las últimas décadas un conjunto de reformas institucionales orientadas a garantizar tanto la provisión de los servicios de agua potable, como la sostenibilidad de los sistemas de operación y mantenimiento, especialmente en las regiones con menores índices de desarrollo. En esta línea ha adoptado enfoques como el de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se supone debieran traducir una nueva institucionalidad hídrica que corresponde desarrollen organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Organización Técnica de la Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS).
Pero lo cierto es que la provisión efectiva de los servicios básicos de agua y saneamiento desborda esta nueva institucionalidad ya que depende en gran medida de una compleja red de actores, y de problemas tales como la infraestructura de transporte, la calidad de la burocracia, las actividades productivas circundantes a las cuencas, la intervención de los Gobiernos Regionales y el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Las condiciones mencionadas, a pesar de las reformas institucionales en curso, aun inciden en el persistente déficit de cobertura de agua apta para al consumo humano.
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