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En otra decisión histórica del tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, establecida como parte del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el tribunal dictó acusaciones contra 10 miembros del Ejército y un civil. , acusados de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad por su papel en el asesinato de al menos 120 civiles, y presentando estas muertes como "bajas en combate".
Las acusaciones son parte del Caso 03, en el que miembros de las fuerzas armadas están siendo responsabilizados por las ejecuciones extrajudiciales de 6.402 personas. La JEP acusó a un general de brigada, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, por hechos ocurridos entre enero de 2007 y agosto de 2008, en la región Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Los magistrados también imputaron a los imputados la desaparición forzada de 24 víctimas del conflicto interno y “ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil”.
El general de brigada Paulino Coronado fue el ex comandante de la 30 ª Brigada que operaba en toda el noreste de Colombia. Esta es la primera vez desde que se estableció la JEP como un sistema de justicia paralelo que miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia han sido procesados por los llamados “falsos positivos”. Según la JEP, “las desapariciones forzadas y los asesinatos probados tenían las mismas características y el mismo propósito: responder a la presión por bajas y así cumplir con el indicador oficial de éxito militar”.
Las víctimas de los asesinatos del Catatumbo fueron hombres jóvenes de entre 25 y 35 años que trabajaban como agricultores, comerciantes y transportistas informales. La jueza Catalina Díaz también destacó que muchas de las víctimas fueron sacadas de sus territorios y ejecutadas en regiones remotas del país donde el ejército combatía a la guerrilla. El civil que “trabajaba como colaborador de dos estructuras militares” ha sido identificado como Alexander Carretero. “A partir de diciembre de 2007 se inició un negocio criminal en el que miembros del Ejército negociaron con terceros para reclutar jóvenes de otros departamentos, municipios y ciudades a cambio de una remuneración económica”, afirmó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.
Otros incentivos para que los oficiales aumentaran el número de muertos en combate incluyeron planes de vacaciones extendidos, medallas y permisos especiales. Se espera que la corte procese a más personal militar ya que el Caso 03 reúne más evidencia de falsos positivos cometidos durante los dos mandatos del presidente de derecha Álvaro Uribe Vélez. Los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos, así como el Parlamento Europeo, emitieron declaraciones reconociendo los importantes pasos que está dando Colombia para reconocer los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y la no repetición.
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En otra decisión histórica del tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, establecida como parte del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia , el tribunal dictó acusaciones contra 10 miembros del Ejército y un civil. Los magistrados también imputaron a los imputados la desaparición forzada de 24 víctimas del conflicto interno y «ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil». El general de brigada Paulino Coronado fue el ex comandante de la 30 Brigada que operaba en toda el noreste de Colombia. Esta es la primera vez desde que se estableció la JEP como un sistema de justicia paralelo que miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia han sido procesados por los llamados «falsos positivos».
Las víctimas de los asesinatos del Catatumbo fueron hombres jóvenes de entre 25 y 35 años que trabajaban como agricultores, comerciantes y transportistas informales. La jueza Catalina Díaz también destacó que muchas de las víctimas fueron sacadas de sus territorios y ejecutadas en regiones remotas del país donde el ejército combatía a la guerrilla.
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