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Respuesta:
El primero de la lista es mejorar los mecanismos de regulación y control de la función pública. Esto implica combinar reglas ex ante que limiten las atribuciones y discrecionalidad de los funcionarios (qué decisiones pueden tomar y cómo), y controles ex post que fiscalicen esas decisiones y acciones una vez que han sido ejecutadas. En otras palabras, es necesario adoptar criterios objetivos para la toma de decisiones (por ejemplo, en el caso de compras públicas y contrataciones), reforzar las instancias de fiscalización (como los órganos auditores) y fortalecer los sistemas de justicia con procedimientos y protocolos que faciliten investigaciones y la generación de pruebas (como el mecanismo de delación compensada).
El segundo frente de acción tiene que ver con la mejora de los mecanismos de entrada a la política y a cargos de funcionarios públicos. Esto implica la selección de profesionales capaces, con baja tolerancia a la corrupción y ajenos a relaciones clientelares o intereses particulares para garantizar independencia en el ejercicio de los cargos y un sistema de contrapesos efectivo en el Estado. Para el caso de cargos políticos los sistemas electorales deben estar orientados a maximizar la pluralidad y la competencia entre opciones. Para ello las regulaciones al financiamiento de campañas, como los límites a los aportes de empresas y de particulares y topes a los gastos electorales, pueden ayudar.
El tercer punto implica activar al ciudadano para que monitoree la acción de los funcionarios y promueve la rendición de cuentas. Un requisito indispensable es la hacer que la información sea accesible a través, por ejemplo, de leyes de acceso a la información y de gobierno abierto. Adicionalmente, deben existir canales de reclamo más allá del voto, como la creación de espacios para la participación y denuncia a través de plataformas digitales o redes sociales promovidas desde el propio Estado.
Por último, es imprescindible mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado. Para lograrlo, se requieren leyes que penalicen a las personas jurídicas involucradas en el pago y ofrecimiento de sobornos. También se requiere la regulación de los conflictos de interés y actividades de cabildeo o lobby. En la contratación de obra pública y en iniciativas de APP es importante reforzar las capacidades de las entidades contratantes para evitar que contratos inadecuados se traduzcan en costosas renegociaciones en la etapa posterior a la licitación.
Explicación:
Puedes sacar resumen, lo siento si es mucho