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La ley 269, es la ley general de los derechos y políticas lingüísticas. Ésta fue promulgada el 2 de octubre del 2012, y el objetivo principal es el de reconocer todos los aspectos lingüísticos pertenecientes a un individuo, ya sea de promover hasta regular sus derechos individuales y colectivos.
Aunque esta ley está vigente, en la actualidad no se cumple de manera real y práctica, pues se siguen teniendo problemas relacionados en cuanto al uso de las lenguas originarias y la manera en la que se utilizan a nivel estructural en el estado.
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