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Respuesta:
A mediados de mayo de 1781 el arzobispo Caballero y Góngora accedió a la firma del documento (aunque él mismo no rubricó lo pactado con los comuneros, sino que lo hicieron el alcalde Galavís y el oidor Vasco)7 que fue llamado las Capitulaciones de Zipaquirá. Este nombre se le dio por estar el documento dividido en capítulos y no porque la firma de los insurrectos significara de algún modo una rendición de su parte. Entre otros, los puntos más destacados del documento fueron:
Derogación o disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población. De forma unánime, se exigió la eliminación del tributo de la Armada de Barlovento, y la disminución en las tarifas de las contribuciones sobre el tabaco y el aguardiente.
Devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas, reducción de la tarifa de sus tributos y la derogación del diezmo.
Restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los españoles después de las reformas borbónicas.
Eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos.
Un sector del movimiento representado por los criollos, en su mayoría, aceptó las capitulaciones y regresaron tranquilamente a sus casas. Sin embargo algunos miembros de la revuelta, encabezados por José Antonio Galán, desconfiaron de la celeridad con que fueron aceptadas las condiciones por parte de los negociadores y el arzobispo y prosiguieron la lucha
Explicación:
En una reunión posterior de las autoridades de Santa Fe se acordó la nulidad de las Capitulaciones, y el Virrey desde Cartagena ordenó la captura de Galán y la de los demás comuneros que aún proseguían con el movimiento. En febrero de 1782 Galán fue apresado y ejecutado junto a Lorenzo Alcantuz y a otros comuneros.
El movimiento comunero fracasó pero dejó en claro a los criollos la desconfianza que debían tener frente a las autoridades españolas. Las Capitulaciones de Zipaquirá no fueron más que un instrumento de las autoridades coloniales para ganar tiempo mientras se reforzaba la capital con tropas enviadas desde Cartagena. Sin embargo el movimiento demostró la debilidad del gobierno español y sacó a la luz las profundas contradicciones en las que se encontraba la sociedad granadina de finales del siglo XVIII.
La comisión de negociadores parlamentó con los jefes de los sublevados en El Mortiño (cerca de Zipaquirá, Cundinamarca), quienes presentaron un pliego de 35 demandas. La comisión decidió acceder a todas las demandas y se firmaron unas capitulaciones que fueron aprobadas por la Audiencia. En ellas se rebajaban ciertos impuestos, se suprimían otros, se atenuaban sus recaudos y se convenía en dar preferencia a los americanos sobre los españoles para algunos cargos en los que éstos eran mal vistos. También se acordó perdonarles toda falta a los comuneros.
La negociación finalizó con un juramento ante los Evangelios y una misa solemne presidida por el Arzobispo Caballero y Góngora, quien procedió a convencer a los insurrectos de marchar a sus hogares.
En las Capitulaciones de Zipaquirá, que Berbeo y los Comuneros negociaron con la comisión oficial, encontramos presentes la defensa de las tradiciones jurídicas de los pueblos, el reclamo por la supresión y por la rebaja de los impuestos, la libertad de cultivo y de libre comercio del tabaco, la mejora de los caminos y de los puentes, el acceso de los americanos a los altos puestos administrativos, la devolución de los resguardos y de las salinas a los indígenas, así como otras reivindicaciones semejantes.