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El gobierno francés no es el defensor de la libertad de expresión que le gusta pensar que es. En 2019, un tribunal declaró culpables de “desacato” a dos hombres que habían quemado una efigie del presidente Macron durante una protesta pacífica. El Parlamento está examinando en la actualidad una nueva legislación que penaliza el uso en las redes sociales de imágenes de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Cuesta cuadrar esta iniciativa con la enérgica defensa que hacen las autoridades francesas del derecho a representar al profeta Mahoma en caricaturas.
El derecho a la libertad de expresión es aplicable a las opiniones que molestan, ofenden o escandalizan, y las representaciones del profeta Mahoma están protegidas por este principio. Nadie debe temer ser objeto de violencia u hostigamiento por publicar este tipo de imágenes.
Pero quienes no están de acuerdo con que se publiquen las caricaturas también tienen derecho a expresar su opinión. El derecho a la libertad de expresión protege también la capacidad de criticar la decisión de representar la religión por medios que puedan percibirse como estereotipados u ofensivos. Oponerse a las caricaturas no convierte a nadie en “separatista”, intolerante o “islamista”.
A la vez que se defiende firmemente el derecho a expresar opiniones o puntos de vista que pueda parecer que ofenden las creencias religiosas, en Francia, al amparo de universalismo republicano, a penas suele prestarse atención a la libertad de expresión y de religión de las personas musulmanas. En nombre del secularismo, o laïcité, las personas musulmanas no pueden llevar en Francia símbolos ni prendas de carácter religioso en los centros educativos ni en los puestos de trabajo del sector público.