Respuestas
Respuesta:
Por Cristina López Wong – Coordinadora de la Oficina Descentralizada de DAR Loreto.
A nivel mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública [1]. El derecho a la participación política es un derecho fundamental.
El voto femenino fue reconocido en 1955 en el Perú [2] y se ejerció por primera vez en las elecciones de 1963. En 1979, la Asamblea Constituyente declaró el “voto universal” que permitía que incluso las personas analfabetas ejerzan su derecho al sufragio, por lo que la mayoría de mujeres indígenas recién pudieron votar en las elecciones nacionales de 1980 [2]. En el 2006, la cuota indígena estableció la obligatoriedad de incluir en sus listas de candidatos a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales un mínimo de 15 % de candidatas indígenas o campesinas. En el 2018, el Tribunal Constitucional estableció que los porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género se encuentra establecido en la Constitución Política, en su artículo 191 [3]. En junio de 2020, se aprobó la Ley N° 31030, que busca garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos.
El ejercicio de los derechos políticos de las mujeres se ve notoriamente afectado por la falta de igualdad en la división sexual del trabajo y la jerarquía de los roles de género en la familia [4]. Las mujeres peruanas aún enfrentan, cotidianamente, diversos factores estructurales que las excluyen del acceso equitativo a la identidad y a los servicios públicos básicos tales como: educación y salud, así como al desarrollo económico justo; y restringen sus oportunidades de participación política, la cual es necesaria para avanzar hacia una democracia efectiva, con una gobernanza inclusiva y el ejercicio pleno de los derechos humanos [5]. La falta de representatividad política de las mujeres contribuye a la implementación ineficaz de políticas públicas y acciones para su desarrollo.
En las elecciones regionales y municipales de 2018, el 40 % de las candidaturas fue de mujeres, siendo electas 88 alcaldesas de nivel provincial y distrital, de las casi 1900 alcaldías totales, lo cual representa menos del 5 %; y, a nivel regional, ninguna candidata fue elegida gobernadora regional. La participación de las mujeres en el Congreso de la República no ha superado el 30 %. Con la aplicación de la cuota de género sin alternancia, solo el 14 % de las 540 listas congresales estuvo liderada por una mujer, por lo que más candidatas en las listas no ha generado necesariamente un mayor número de mujeres electas [6].
El Estado peruano ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas, el cual señala que los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, debiendo establecer los medios para que los pueblos indígenas participen libremente y a todo nivel en la toma de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos responsables de políticas y programas que les conciernen [7].
En el Perú habitan 55 pueblos indígenas y, según el último censo nacional, alrededor de seis millones de personas se autoidentifican como indígenas. En este grupo, las mujeres representan el 52 % de la población indígena u originaria del país y el 10 % del total de la población peruana. La participación de las mujeres indígenas incide en su desarrollo individual, colectivo o comunal [8]. Son ellas quienes han mantenido sus lenguas y culturas originarias, sus prácticas y conocimientos ancestrales de sus pueblos.
Ser mujer e indígena en un país con desventajas y dificultades históricas vuelve más desafiante su participación política. Según la Defensoría del Pueblo [4], la vulneración de derechos en mujeres indígenas es mayor que en mujeres no indígenas, enfrentándose adicionalmente a mayor incidencia de maternidad precoz, violencia familiar y sexual. Además, la pobreza afecta a más del doble de los hogares indígenas en comparación con los hogares no indígenas y la extrema pobreza, a más del triple. Muchas lideresas indígenas no dominan el idioma castellano, base de la gestión pública. Ello limita su capacidad de sostener una campaña electoral y ejercer sus labores en la gestión pública [8].
En los últimos 4 procesos electorales regionales y municipales, las candidaturas de las mujeres indígenas se han quintuplicado para los cargos de consejerías y regidurías municipales. En las elecciones de 2018, solo 35 mujeres indígenas han sido elegidas a los cargos de consejeras y regidoras, a diferencia de 190 hombres indígenas elegidos [9,
Explicación:
espero que te sirva muchísimo