Respuestas
Respuesta:
Los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber la colo nización, la desposesión de sus tierras, territorios y recursos, la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida.
Explicación:
La situación de emergencia por el COVID-19 pone de manifiesto el grado de vulnerabilidad que tienen nuestra población en el acceso y la atención a los servicios de salud en nuestro país. El Perú es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico y de acuerdo a la Base de Datos[1] del Ministerio de Cultura viven actualmente 55 pueblos indígenas u originarios. De ellos 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes, además existen 48 lenguas indígenas.
Según resultados del último Censo Nacional de Población del año 2017,[2] alrededor de 4’300,000 de personas indicaron que hablaban otro idioma indígena (quechua, aymara o idioma amazónico) diferente del castellano como lengua materna. En este Censo por primera se incorpora la variable étnica de la auto identificación, a la pregunta cerca de 6 millones de personas se auto identificaron como quechuas, aimaras o miembros del algún grupo indígena amazónico. Esto quiere decir que la población indígena en el Perú podría significar entre un 12 a 18% del total nacional. De ese total, el quechua es la lengua más hablada con casi 4 millones de personas que la tienen como lengua materna es decir el 13.9% de la población nacional. Del total nacional, Lima es el departamento con mayor concentración de personas indígenas de todo el país con el 22.5% de personas que se han auto identificado como parte de estos pueblos aproximadamente 1 millón 347 personas. En la Amazonía que representa más del 60% del territorio nacional, habitan 51 pueblos indígenas, según el Censo 2017 existen 2,703 comunidades nativas, siendo el pueblo más numeroso los Ashaninka con una población aproximadamente 55,000 habitantes, los Awajun 38,000 habitantes, Shipibo Konibo 25,000 habitantes y 49 mil 838 personas como parte de otro Pueblo Indígena u Originario.
El derecho a la salud es un derecho fundamental que reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de su salud como garantía indispensable para el ejercicio pleno de otros derechos como el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona humana-
El Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales [3] señala que los Estados tienen la obligación de poner a disposición de los pueblos indígenas los servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales[4].
Según el III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas 2017, solo el 39% (2,724) de las comunidades nativas y campesinas censadas declararon contar con un establecimiento de salud dentro de su territorio. Analizado por tipo de comunidad se observa que el 44% (1,859) de las comunidades campesinas cuenta con un centro de salud, mientras que en las comunidades nativas la cifra es menor pues sólo el 32% (865) declaró contar con uno. Es decir que, de 10 comunidades indígenas, menos de 4 cuentan con un establecimiento de salud dentro de su territorio.[5](pag.57).
De acuerdo a un estudio del MINSA en 2012, se identificó que las causas de muerte más frecuentes en las comunidades nativas eran las neumonías, esto se confirma en el censo de 2017, la neumonía sigue siendo la causa principal de muerte en las comunidades nativas personas fallecidas, junto a las diarreas y vómitos.
La inaccesibilidad al servicio de salud incide en el fallecimiento de mujeres y recién nacidos por complicaciones en el parto en comunidades nativas y comunidades campesinas. Las mujeres indígenas fallecen durante el embarazo y el parto con mayor frecuencia que las demás mujeres. “La falta de datos sobre la salud de las mujeres y las adolescentes indígenas está ocultando enormes desigualdades entre las poblaciones, lo que impide que se solucionen mediante medidas eficaces... Es necesario que los Estados cumplan compromisos para desglosar los datos por etnia y edad, luchen contra la discriminación y hagan que los centros sanitarios sean físicamente, económicamente y culturalmente accesibles. El acceso a la atención sanitaria, incluida la salud sexual y reproductiva, es un derecho fundamental. Los Estados tienen la obligación de garantizar que las mujeres y las adolescentes indígenas gocen de un acceso equitativo a los servicios sanitarios”
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