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La década de 1980 representó para Colombia degradación, terror, persecución, escalamiento de la violencia y desesperanza. Este artículo hace una revisión histórica de ese periodo, indagando normas, medios ilegales y doctrinas extranjeras que fundamentaron y estimularon la persecución y la represión, y explorando las acciones sociales y organizativas encaminadas a contrarrestarlas. Este análisis se realizó a diferentes fuentes primarias y permitió visibilizar cómo mientras se incrementó la degradación también se fortaleció la defensa de los derechos humanos al integrar nuevos actores, crear espacios, estrategias y medios para ganar efectividad en la denuncia, conquistar escenarios internacionales e impulsar reformas normativas e institucionales.
La comprensión histórica de la violencia en Colombia, cuyos orígenes se pueden rastrear incluso en la conquista española, implica necesariamente detenerse en la década de 1980. El país osciló entre las más crueles violaciones de los derechos humanos y la búsqueda de la paz; entre la apatía y la complicidad de muchos sectores institucionales, y la presión internacional para contener la violación de los derechos humanos; entre la crisis institucional y los consensos reformistas; entre la expansión de los grupos armados y la fragmentación del territorio. En ese tránsito entre extremos se configuraron zonas intermedias en las que se gestaron iniciativas colectivas, religiosas y gubernamentales que se orientaron a menguar la crisis.
En esa década se empezaron a visibilizar alarmantes cifras sobre violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos; la población civil se convirtió en blanco de las acciones violentas; se pusieron en práctica e intensificaron modalidades delictivas como la desaparición forzada y la limpieza social; se registraron hechos que marcaron para siempre la vida nacional como la toma del Palacio de Justicia; se cristalizó la unión entre narcotráfico y terrorismo que arrinconó a la ciudadanía y sometió a la institucionalidad; se persiguió sin compasión al diferente y opositor, al punto de liquidar la esperanza que representaban miles de integrantes de la Unión Patriótica, un partido político que optó por lo alternativo; y se establecieron alianzas perversas entre la ilegalidad y la legalidad, justificadas en liberar al orden social de la amenaza comunista.
En esa degradación dada por el tránsito por los extremos, emergieron iniciativas que denunciaron y obligaron a que el mundo girara sus miradas hacia el país; las voces solitarias se encontraron y se organizaron, crearon sus propios espacios, acudieron a instancias internacionales y presionaron reformas legales e institucionales. De esos extremos se ocupa este artículo, cuyo recorrido no se hace cronológicamente sino a partir de los aspectos que evidencian el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos.
De la seguridad nacional a la democracia restringida
De los extremos de la violencia y la degradación surgió una profunda transformación de la defensa de los derechos humanos, que se empezó a configurar justo cuando iniciaba la década. El 27 de febrero de 1980 el M-19 se tomó la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, en momentos en que un grupo de diplomáticos asistía a un evento conmemorativo de la independencia de ese país centroamericano. Inicialmente el grupo subversivo demandaba al gobierno, en cabeza de Julio César Turbay Ayala, la liberación de unos 300 presos políticos. Era un tema álgido; de hecho, el país se encontraba bajo el régimen del Estatuto de Seguridad, Decreto Extraordinario 1923 de 1978, expedido por Turbay bajo la excusa de contrarrestar la actividad subversiva, pero que derivó en constreñir cualquier forma de movilización social.
Colombia se encontraba en una inestabilidad social e institucional, ahondada en especial por el crecimiento del movimiento subversivo, capaz de desafiar las estructuras con actos como el robo de las armas del Cantón Norte de Bogotá, a finales de 1978. Además, los ecos del paro cívico nacional, llevado a cabo el 14 de septiembre de 1977, retumbaban ante la inconformidad social y laboral. El gobierno hizo uso de los poderes que otorgaba la legislación extraordinaria para reprimir todo aquello que oliera a contradicción, a costa de la suspensión de las garantías y de la limitación de los derechos individuales.
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