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Si un terremoto de grado 8 en la escala de Richter sacudiera nuestra capital, el 88% de las casas de Villa El Salvador (VES) sufriría serios daños o colapsaría, según el Estudio de Microzonificación Sísmica, Vulnerabilidad y Amenazas por Tsunamis en la Ciudad de Lima, elaborado por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería.
De acuerdo con dicha investigación, hecha entre abril del año pasado y junio último por encargo del Programa de Gestión Territorial (PGT) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la mayor parte del terreno de VES está conformada por arena eólica, es decir, transportada por el viento.
“El problema está en que la mayoría de las personas, en ese distrito, llevó a cabo una autoconstrucción sin el debido asesoramiento para el reforzamiento de las estructuras. Además, sobre un terreno inapropiado, los vecinos realizaron procedimientos constructivos que se practican en distritos que tienen suelo más firme. Por eso, en caso de terremoto, esas viviendas serían seriamente afectadas”, señala el ingeniero Edén Atalaya, del PGT.
El estudio, que constituye la primera etapa de la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres a Nivel Urbano, que lleva a la práctica el PGT con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también se realizó en Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, La Molina y Comas.
El gran objetivo del estudio, afirma Atalaya, es apoyar a los concejos distritales –mediante la entrega de diagnósticos y recomendaciones– en la implementación de una adecuada gestión del riesgo de desastres. Esos distritos fueron escogidos –precisa el funcionario–, porque se sabía de antemano de sus suelos inseguros, en unos casos, y por su densidad poblacional, en otros.
Según la Ley 29664, promulgada el 8 de febrero de este año, y por la cual se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), los gobiernos regionales y locales deben formular y aprobar normas, así como evaluar, dirigir, organizar, supervisar, fiscalizar y ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres en sus jurisdicciones
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