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Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado Popular y una economía planificada, en gran parte estatizada. Aunque la ley de nacionalización del cobre fue aprobada sin oposición en el Congreso, no ocurrió lo mismo con el intento de estatizar las grandes empresas. Al no contar con mayoría parlamentaria, el gobierno decidió echar mano de un olvidado, aunque vigente decreto, dictado durante la República Socialista de 1932. Éste le permitió al gobierno de la Unidad Popular expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía. Además de la expropiación (que generalmente era precedida por la toma de la industria por parte de sus trabajadores), el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió controlar casi el 80 por ciento de las industrias y un número importante de bancos.