Respuestas
Respuesta:Desde 1921 el aborto es legal para ciertos casos en la Argentina. Sin embargo, es un
derecho que históricamente fue vulnerado a partir de prejuicios sobre la autonomía de
las mujeres, lo que repercutió en –al menos– su derecho a la salud.
Antes del fallo “F.,A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2012,
las noticias sobre aborto abordaban los obstáculos indebidos en el acceso a los
abortos legales, las dilaciones para las prácticas, la judicialización de los casos y las
maternidades forzadas.
En los últimos años, en el país del Ni Una Menos, los derechos sexuales y reproductivos están siendo motivo de mayor debate público porque su vulneración implica
las violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y
moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, a estar libre de violencia y tratos crueles,
inhumanos y degradantes y a la igualdad de las mujeres, lesbianas, niñas y personas
con capacidad de gestar en nuestro país. Todos estos son derechos reconocidos
en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía
constitucional y otros que tienen rango superior a las leyes.
Lo que debe votar el Congreso de la Nación argentina es si mantiene vigente un sistema de causales que es restrictivo en la práctica o si amplía el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación. A falta de estadísticas ajustadas,
seguimos las cifras de Edith Pantelides y Silvia Mario, de 2009, que indican que en el
país se realizan entre 370 y 522 mil abortos por año. La cifra es resultado de la proyección de las internaciones hospitalarias por problemas derivados de la práctica abortiva.
La penalización del aborto no modificó la voluntad de las mujeres que no desean continuar con una gestación, quienes tampoco renunciaron a tomar la decisión de manera
autónoma a pesar de que el Estado las siga considerando objeto de tutela: la persecución penal sólo las empujó a la clandestinidad. Lo que las y los representantes deben
considerar es si la práctica se hará en condiciones de seguridad, igualdad y dignidad, o
si la mantendrán en la ilegalidad. Legalizar el aborto es una cuestión de justicia social.
Esta publicación recoge la experiencia de distintas organizaciones con el objetivo de
que sea tenida en cuenta en los debates legislativos
Explicación: