Respuestas
Respuesta:La descentralización, la desconcentración y reestructuración territorial
de la administración del Estado, la
multiplicación de las agencias, la
creación de autoridades administrativas
independientes (IAA) y la construcción
europea participan de las prerrogativas
y de la organización de las corporaciones
locales y del Estado. La crisis y sus
repercusiones debilitan la cohesión
social y territorial. Ante la incapacidad
de los mercados financieros para
autorregularse y para regular las
relaciones humanas, la legitimidad intervencionista del Estado se ve reforzada al invalidarse los conceptos de
“menos Estado” o de “Estado mínimo”. Acometida en 2007 para reducir el gasto público, la Revisión general de
las políticas públicas (RGPP) llevó a redefinir las prioridades en términos de solidaridad y de equilibrio territorial.
Estos cambios afectan a las relaciones entre el Estado y las corporaciones locales, generan tensiones e
interfieren tanto a la transparencia como a la eficacia de la actuación pública. Además, perdura la desconfianza
hacia el Estado y las instituciones públicas.
Se cuestionan las funciones y la organización del Estado, su capacidad y el poder público para contribuir
al desarrollo sostenible de los territorios y para aunarlos en un proyecto de sociedad articulada en torno al
progreso socioeconómico y medioambiental.
Las recomendaciones tienden a devolver al Estado y al poder público los mecanismos de una proyección
prospectiva así como los instrumentos para implementar y territorializar políticas que respondan al interés
general, respaldadas por servicios públicos reforzados. Éstas instan a la consolidación de un Estado unitario
y descentralizado y al fomento de una mayor participación en la construcción europea. Señalan asimismo la
necesidad de nuevas normas tributarias, financieras y bancarias y de una refundación social que promueva el
desarrollo humano sostenible así como la cohesión social y territorial. Subrayan la importancia de fortalecer la
legitimidad de las decisiones públicas mediante la construcción de una “democracia desarrolladora”. Se hace
hincapié en el fortalecimiento de la evaluación de las políticas nacionales y en su implantación territorial para
la determinación de los recursos humaos y financieros de la actuación pública y de su continua adaptabilidad.
En este sentido, se recomienda una “suspensión temporal en la aplicación de la RGPP”.
Territorio: Espacio geográfico cuyas fronteras y límites no son
inamovibles; en el que viven y trabajan mujeres y hombres; en el
que se establecen las relaciones sociales y se organizan las fuerzas
productivas bajo la influencia de múltiples actores.
Estado: Modalidades de organización jurídico-política de una
comunidad de mujeres y hombres.
Poder público: Conjunto de autoridades públicas que ostentan el
poder del que forman parte las corporaciones locales.
Explicación: