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Desde hace varios años, la CIDH ha venido observando un paulatino deterioro en la
institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela que se ha profundizado e
intensificado significativamente a partir del 2015. Como analiza la CIDH en el presente informe, se trata de
una problemática compleja que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes
públicos. Esta inobservancia del principio de separación de poderes se refleja de manera particularmente
grave en la preocupante actuación del Poder Judicial, en especial en los dos últimos años. En efecto, el
agravamiento de la crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con una serie de decisiones
adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que representaron injerencias en la Asamblea Nacional
(AN) y afectaron el principio de separación de poderes. Esta situación se agravó en el 2017 al punto de
producirse una alteración del orden constitucional con las Sentencias Nº 155 y 156 emitidas por el TSJ el 28 y
29 de marzo, respectivamente, en las cuales levantó las inmunidades parlamentarias a los diputados de la AN,
estableció que sus actos constituyen “traición a la patria”, otorgó al Poder Ejecutivo amplios poderesdiscrecionales, y se arrogó competencias del Poder Legislativo. Como señaló la CIDH en su momento, tales
medidas constituyeron una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes
Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los
diputados8.
La alteración del orden constitucional en Venezuela fue posible por una serie de factores que
determinan que el país presente, en general, serias deficiencias en su institucionalidad democrática. La falta
de independencia del Poder Judicial es, en opinión de la CIDH, un elemento que incide de manera
determinante tanto en la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, como en la de este último en el
Legislativo. A su vez, un factor importante en la falta de independencia son los procesos inadecuados de
elección y la ausencia de garantías de permanencia en el cargo de magistrados y magistradas del TSJ, como se
observa en este informe. Es por ello que la Comisión considera necesario que se adopten medidas para evitar
riesgos a la independencia judicial en la elección, nombramiento y permanencia de los miembros de la
máxima instancia judicial en Venezuela. En particular, debe asegurarse que en los procesos de nombramiento
se cumpla con la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso
igualitario e incluyente de candidatos; una amplia participación de la sociedad civil; y la calificación con base
en el mérito y capacidades profesionales, y no afinidades políticas.
Otro elemento que la CIDH considera causa, en general, la falta de independencia del Poder
Judicial en Venezuela es la alta provisionalidad de las y los jueces. Ante ello, el Estado requiere adoptar
medidas urgentes y decididas para aumentar significativamente el número de jueces titulares y asegurar que,
incluso teniendo carácter provisorio, los jueces no sean removidos sino a través de un proceso disciplinario o
acto administrativo, estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso y especialmente, el deber
de debida motivación y acceso a revisión judicial. Además, ante las denuncias de actos de hostigamiento y
amenaza contra jueces y juezas con el fin de presionarlos indebidamente en la toma de decisiones, la
Comisión llama al Estado a abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento o intimidación, o cualquier
acción que implique una amenaza o presión, directa o indirecta, en el ejercicio de la función judicial.
Explicación:
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