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Explicación:presuntamente, han saqueado cientos de millones de las arcas públicas; por otro lado, en el Órgano Legislativo se han conocido casos de diputadas y diputados (vergonzosamente denominados “padres de la patria”) relacionados con actos de corrupción y quienes, por si esto fuera poco, han expresado abiertamente su posicionamiento en favor de la criminalidad y la impunidad, al intentar reformar en esta dirección la Ley de Extinción de Dominio a mediados del presente año; y finalmente, en el Órgano Judicial en los últimos días hemos visto cómo la Sala de lo Constitucional ha dado un duro golpe a los avances logrados en materia del derecho al acceso a la información pública, estableciendo nuevos criterios por medio de los cuales, las instituciones pueden negarse a brindar información de forma discrecional.
Aunque el panorama anterior constituye una reseña de la novela que padecemos a diario, es innegable que expresa la lógica imperante en nuestro país; por tanto cualquier indicio de corrupción, o de alguno de sus síntomas, además de provocarnos cólera debiera llevarnos a exigir; puesto que todo acto que posibilite la malversación de recursos públicos o su inadecuada gestión, conlleva repercusiones en términos fiscales, sociales y democráticos.
La actual coyuntura protagonizada de forma inverosímil por la Sala de lo Constitucional debe interpretarse como una flagrante violación a nuestros derechos en un sentido amplio, ya que abre la puerta para que sea relativamente fácil revertir los compromisos adquiridos en materia de acceso a la información pública y la transparencia. Esto resulta particularmente preocupante considerando que la corrupción es un lujo que las sociedades no pueden ni deben permitirse, ni siquiera en un mundo perteneciente al realismo mágico. Mucho menos nuestro país, con finanzas públicas en números rojos: alto endeudamiento y en riesgo de impago, baja y poco justa recaudación de impuestos e insuficientes recursos para enfrentar las cotidianas carencias económicas y sociales. Por tales razones, además de las éticamente obvias, no debemos tolerar ninguna medida que nos impida obtener una adecuada rendición de cuentas sobre el qué hacer público.