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Respuesta:
Las mujeres de América Latina y el Caribe están siendo protagonistas de uno de los cambios culturales más
grandes de la historia. Hoy en día es posible afirmar, en términos de las libertades conquistadas, que casi
ninguna mujer quisiera repetir la vida de sus abuelas. La igualdad ha avanzado a paso más lento y a pesar de
los drásticos y, probablemente, irreversibles cambios producidos en las familias, el mundo del trabajo y la
vida política, el malestar de las mujeres de la región pone al descubierto la brecha entre su aporte a la
sociedad y el reconocimiento de que son objeto. Aunque han pasado a ocupar espacios cada vez más
importantes en la toma de decisiones y son un factor clave en el mercado de trabajo, las mujeres siguen
sobrerrepresentadas entre los pobres y subrepresentadas en la política. La clave de esta postergación y el
tratamiento de las mujeres como minoría vulnerable por parte de las políticas públicas se explica, en gran
medida, por la imposibilidad de las mujeres de romper el mandato cultural que las obliga a realizar las
labores domésticas, así como por la ausencia de los hombres en las actividades de cuidado. Casi la mitad de
las mujeres mayores de 15 años no tiene ingresos propios, el número de hogares monoparentales
encabezados por mujeres se ha incrementado y los hombres ocupados en el trabajo no remunerado son una
minoría. Aunque gracias al trabajo de las mujeres el índice de pobreza en la región disminuye en casi diez
puntos, siguen ganando menos que los hombres por un trabajo equivalente. A pesar de que han conquistado
el derecho al voto y a ser elegidas, ha sido necesario adoptar medidas de acción positiva como las leyes de
cuotas para que en algunos países las mujeres ocupen alrededor del 40% de los cargos de representación,
mientras la gran mayoría se mantiene alejada de la toma de decisiones.
Los dos temas de la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe:
Análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación
con el trabajo no remunerado y Participación política y paridad de género en los procesos de adopción de
decisiones a todos los niveles, se analizan a la luz de dos conceptos clave, el de discriminación, tal como
se define en artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, y el de división sexual del trabajo.
La Convención ha adquirido mucha importancia en la región ya que fue ratificada por todos los
países e incluso en algunos casos, como el de Argentina, Brasil y la República Bolivariana de Venezuela,
forma parte, junto con otros instrumentos de derechos humanos, de la Constitución Política. En otros países,
como Costa Rica y Ecuador, varios de los principios de la Convención se incorporan en el texto
constitucional o se utiliza la definición de “discriminación contra la mujer” de esta Convención en leyes, tal
como sucede en Costa Rica con la ley 7.142 de 1990 de promoción de la igualdad social de la mujer, en la
que se establece que la expresión “discriminación contra la mujer” denota “toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural, civil o en cualquier otra esfera”. Una definición similar se ha integrado en la ley de igualdad
de oportunidades para la mujer de la República Bolivariana de Venezuela (1990).
Esta definición se basa en un concepto de derechos humanos universales, indivisibles,
¡nterdependientes y relacionados entre sí. “La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos
en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.
Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los
diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales
Explicación: