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Respuesta:
En el inicio del proceso de redemocratización, el énfasis central consistió en diseñar una relación basada en el respeto a la "soberanía" de los partidos dentro del ámbito estatal. De allí nacieron una ausencia de regulaciones sustantivas, entre las que se encuentran las relativas a las contribuciones privadas al gasto electoral aunque dentro del marco de una importante "inversión estatal" en la promoción de la política, como es el caso de los "subsidios" a través de los Fondos Partidarios y de Reposición del Gasto Electoral. Esto último constituía parte de una ideología estatal de articulación con la economía.
En el momento actual, en la agenda política se ha impuesto, al contrario, un mayor control social y estatal al financiamiento partidario por la generalizada apreciación de que constituye un canal a través del cual fluye una modalidad concreta de corrupción en la política. Por ello, antes que el respeto a la "soberanía" de los partidos, en el nuevo modelo prima la necesidad del control del funcionamiento partidario en todos sus niveles y, especialmente, en el gasto electoral a través de facultades específicas del Estado entregadas, por ejemplo, a la Función Electoral. El propósito es crear formas concretas de vigor del control estatal, en respuesta a las demandas de la sociedad civil, en el marco de una creciente importancia del mercado político/electoral.
Explicación:
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