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EL programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo “PNUD- concibe a la ciudadanía como un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional. También puede definirla como un espacio sustancialmente mayor que va más allá del régimen político y sus reglas institucionales. Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado.
Es por eso que el Estado de Derecho mexicano, debe enfocarse en que exista de forma real y vigente un sistema legal con características específicas, es decir; debe existir un sistema normativo basado en los principios de no retroactividad, publicidad, generalidad y estabilidad, que garantice derechos e igualdad a los ciudadanos. Si bien ese sería el sistema legal ideal, nos encontramos con una realidad muy distante donde estos principios no se cumplen y los ciudadanos se encuentran muy lejos de poseer un Estado de derecho eficaz y eficiente.
En México los conceptos de Estado de Derecho y ciudadanía habían pasado desapercibidos, pero debido a que la liberalización política ha ido avanzando, se han vuelto cada día más relevantes. Podría considerarse como un momento decisivo la reforma electoral de 1977, la cual puede ser discurrida como la raíz de estos nuevos procesos, es el momento justo donde hubo una caída del concepto de legitimidad, pero del concepto basado en un discurso totalmente corporativista y que pretendía la inclusión social; por otro lado se notaban los inicios de un sistema político donde los partidos tenían un rol, y entonces el discurso de legitimidad tomaba en consideración la competencia electoral. Esto trajo como consecuencia que el Estado de Derecho incluyera los derechos políticos de los mexicanos.
Podemos encontrar un concepto específico de ciudadanía en la Constitución cuando es considerada como una mezcla de libertades con derechos sociales y económicos consagrados en la misma. Pero en la realidad es que cuando se habla de la protección de los derechos y libertades, estas actividades dejan mucho que desear. Esto se debe a la brecha que existe entre los patrones de la conducta que han sido moldeados por la cultura y la tradición y las demandas nuevas, así como de las aspiraciones de los ciudadanos de cómo creen que deberían ser y llevarse a cabo las cosas. Resulta sorprendente que los ciudadanos en realidad actúan de forma distinta a la idea que tienen. Podemos tomar como ejemplo que a la mayoría de los integrantes de la sociedad está en contra de la corrupción, pero en el momento en que tienen como opción dar una dádiva para conseguir algo de las autoridades, lo hacen sin pensarlo. Es precisamente por ello que para muchas personas el cumplimiento de la ley es una norma social, no moral. Las emociones vinculadas al incumplimiento de la norma social son la del desprecio en el observador y la vergüenza en el observado si es descubierto, de ahí que la clave para violarla sea el interés y el ocultamiento.
Explicación:
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