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el conflicto armado colombiano fue incorporando diferentes elementos que le imbuyeron una notable complejidad. A las FARC –y a pequeños grupos inspirados en el marxismo-leninismo previos, de escasa relevancia– se suman el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y la guerrilla maoísta del Ejército Popular de Liberación dos años después. Asimismo, y como las décadas de los setenta y los ochenta no resuelven el profundo déficit democrático del país, aparecen otras guerrillas, denominadas de “segunda generación”, como fueron el Movimiento 19 de abril (M-19) o la guerrilla indigenista del departamento de Cauca Quintín Lame. Por si lo anterior fuera poco, el déficit de seguridad en un Estado como el colombiano, por lo general con más territorio que institucionalidad, albergó la aparición desde 1978 (Medina, 1990) de grupos paramilitares que, si bien inicialmente se legitimaban por la ausencia de Fuerza Pública y la necesidad de repeler la violencia extorsiva de las guerrillas, rápidamente concibieron que aquel era el argumento óptimo para, en el fondo, poner en marcha todo un proyecto criminal de cariz territorial, político y militar (Ronderos, 2014). De la misma manera, desde inicios de los ochenta, el país experimentaba su incursión en el narcotráfico, hasta hacer eclosión los dos cárteles –el de Cali y el de Medellín– que durante una década se disputarían el control de la exportación de coca y desdibujarían la credibilidad del Estado colombiano como último garante de la seguridad, la soberanía y el monopolio tan efectivo como legítimo de la violencia.
Explicación: dame coronita pliss