¿El Estado ecuatoriano cuenta con políticas y estrategias de transversalidad de género en la institucionalidad pública que garanticen de manera efectiva los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes?
Respuestas
Respuesta:
La decisión de analizar las políticas públicas que inciden positivamente
en el logro de la igualdad de género se sustenta en la convicción del papel
activo que, como una condición clave para alcanzar el desarrollo, debe
desempeñar el Estado en la construcción de sociedades igualitarias. En
este contexto, las políticas públicas son una herramienta fundamental para
impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de justicia, además
de expresar la decisión política de los gobiernos de avanzar en la solución
de los problemas de desigualdad que afectan a las mujeres.
Los distintos grados de avance en relación con la igualdad de género
en los países de la región muestran que todavía hay un largo camino por
recorrer, especialmente en cuanto al fortalecimiento de las capacidades
estatales para la puesta en marcha efectiva de políticas públicas orientadas
a disminuir las brechas de género.
La identificación de políticas públicas de igualdad de género de
carácter redistributivo, de reconocimiento y de representación es un
esfuerzo por relevar las iniciativas de los Estados que se orientan a enfrentar
injusticias y mejorar la situación de las mujeres en distintas áreas de
desarrollo, de manera de hacer posible su autonomía y la garantía de sus
derechos humanos en contextos de plena igualdad.
En 2010 el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina
y el Caribe inició, en el marco del programa de trabajo de la División de
Asuntos de Género de la CEPAL, un proceso de análisis para identificar
buenas prácticas en la formulación de políticas. De ese debate surgió
una reflexión que cuestiona la noción de “buena práctica”, tributaria de
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enfoques originados en la gestión empresarial y que durante mucho
tiempo se había tenido como parámetro de calidad.
Sin abandonar el concepto de eficiencia, este trabajo condujo a la
necesidad de analizar políticas de igualdad de género con criterios de
justicia distributiva, de reconocimiento y de representación. Se observó
la necesidad de un vuelco en el análisis, coincidente con los procesos de
revalorización del Estado y su papel rector.
Se hizo evidente que las políticas de género no solo podían analizarse
como buenas prácticas, sino que debían someterse al mismo escrutinio que
todas las políticas que promueven derechos y contribuyen a la igualdad. Se
desarrolló un debate experto, que permitió elaborar una matriz de análisis
para la identificación y sistematización de políticas, que considera las
distintas fases del ciclo de las políticas públicas, a fin de describir y analizar
políticas que puedan ser calificadas como justas para la igualdad de género.
Las políticas seleccionadas se analizan en la medida en que responden
a nuevos derechos como el reconocimiento del trabajo no remunerado y
el reconocimiento de la existencia de dimensiones críticas y extremas de
desigualdad, como la violencia contra las mujeres.
Las políticas de género basadas en la igualdad como horizonte
y como principio deberán hacer posible que las mujeres detenten mayor
autonomía y poder, que se supere el desequilibrio de género existente y
que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad. En nuestra convicción,
es fundamental tomar acciones para difundir la información que generan
estos cambios de políticas en los ámbitos técnico, político, social y cultural,
de manera de elaborar nuevas categorías de análisis que permitan
responder a los desafíos que implica transformar las situaciones de
injusticia de género.
Las políticas analizadas a partir de la matriz señalada que se
exponen en esta publicación son la Ley 11340 Maria da Penha del Brasil,
la política de lucha contra la violencia doméstica del Uruguay, la política
de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de
Colombia, la política de paridad y alternancia de género en los órganos
de elección del Estado Plurinacional de Bolivia, la política de paridad y
alternancia en la ley electoral de Costa Rica, la reforma previsional de
Chile y la política de Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de
Género (GEMIG) de México.
Políticas públicas para la igualdad de género... 7
En esta publicación se presentan en primer lugar, en la sección
introductoria, los antecedentes en que se basó la iniciativa de identificar y
destacar políticas para la igualdad de género. Luego, en la primera parte,
se expone el marco conceptual, abordando principalmente la noción de
justicia y su relación con la igualdad de género. En la segunda parte, se
describen y analizan las siete políticas antes mencionadas, ordenadas
según su vinculación con la autonomía física, con la autonomía en la
toma de decisiones y con la autonomía económica; por último, se plantean
algunas conclusiones y desafíos futuros.
Explicación: