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El tráfico de drogas es sólo una parte de un extenso proceso productivo y comercializador de las sustancias enervantes y estupefacientes, las cuales, como sabemos, son ilegales y perseguidas penalmente en distintas legislaciones nacionales e internacionales. Pero no siempre fue así dada la demanda para uso individual de diversos grupos sociales con relativo poder adquisitivo, y en algunos casos, como la coca para uso industrial.
Sin embargo, la masificación del consumo y su impacto negativo en los núcleos familiares de toda la estructura social, aunado a un intento de recuperación del principio de autoridad por parte del conservadurismo moral, llevaron a que se decretase la ilegalidad del consumo de drogas.
El llamado “prohibicionismo” y la alta demanda en los países desarrollados, según diversos estudios empíricos (en Estados Unidos se concentra el 60% del consumo global de drogas) son las dos condiciones que elevan los precios de la marihuana, la cocaína, la heroína y las sustancias psicotrópicas. Los altos precios, provocan el surgimiento de una densa de red de productores que, ante la falta de alternativas para salir de la pobreza o el desempleo permanente, recurren a la producción de los cultivos, asumiendo riesgos legales y represivos. La experiencia de los Países Andinos, y asiáticos como Afganistán, Pakistán, además de algunos estados de la República Mexicana son ilustrativos.