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Lo que comenzó como una notificación dirigida a los supervisores del mercado de valores se transformó en la revelación más espectacular de fraude corporativo de la historia empresarial moderna de Chile. El día 9 de junio, la minorista La Polar, la cuarta mayor de Chile, informó al mercado que sus informes financieros registraban un volumen de provisiones mucho menor que el necesario para cubrir las transacciones de las tarjetas de crédito de sus clientes.
A medida que el escándalo se iba desvelando, el precio de las acciones de la empresa cayó más del 70%, se despidió a la directiva y se presentaron demandas en la justicia. Por otro lado, se constató que las provisiones contables eran mucho más elevadas de lo que se creía inicialmente. La situación pilló por sorpresa a fondos de inversiones, brokers, agencias de calificación de riesgo y órganos reguladores.
Desde un punto de vista más amplio, el escándalo ha puesto en el punto de mira las prácticas empresariales de los minoristas chilenos que cotizan en bolsa en un segmento que es, de lejos, el más desarrollado y competitivo de América del Sur. El sector minorista del país depende de grandes volúmenes de préstamos al consumidor contratados por medio de operaciones no reguladas que impulsan sus beneficios. El escándalo también suscitó protestas por parte de los políticos y expertos a favor de que el sector tenga normativas más rigurosas.
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