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En todos los países del tercer mundo donde no se realizó la Reforma Agraria, persiste un grave problema agrario para sus sociedades, representado por el mantenimiento de la gran propiedad latifundaria y por la alta concentración de la propiedad de la tierra en las manos de una minoría, por la utilización de las tierras
elizabethmezalimo31:
Una de tales medidas fue la promulgación del Decreto Ley n.º 17716 (Ley de Reforma Agraria) el cual tenía el objetivo de transformar la estructura de titularidad de tierras del país y sustituir los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema de redistribución equitativa de la propiedad rural.[1] La reforma agraria se llevó a cabo a través de expropiaciones de predios rústicos. Dichos terrenos – cuyos propietarios eran tanto personas naturales como jurídicas
pasaron en un primer momento a ser de dominio estatal, y luego fueron distribuidos entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas.[2] Las personas expropiadas obtuvieron el derecho a ser indemnizadas según una tasación realizada por el Estado, y sobre la base de un justiprecio cuyo pago era imperativo por mandato constitucional.[3]
constitucional.[3]
HistoriaEditar
Contexto internacionalEditar
La reforma agraria fue un proceso político social ejecutado a nivel mundial. Muchos países, básicamente los del llamado Tercer Mundo, se sumaron a la nueva forma de distribución de la riqueza.
HistoriaEditar
Contexto internacionalEditar
La reforma agraria fue un proceso político social ejecutado a nivel mundial. Muchos países, básicamente los del llamado Tercer Mundo, se sumaron a la nueva forma de distribución de la riqueza.
Entre los años 1900 y 1918 más de mil ciento catorce haciendas que representaban el 49 % de la superficie agrícola del país fueron adquiridas por tres gigantes de la industria: los hermanos Larco (relacionadas con la familia de José A. Larco), Rowe and Co y los Gildemeister (familia de origen judío de Polonia). En total estos tres trust pertenecientes a cinco familias poseían más de once millones de hectáreas.[cita requerida]
Entre junio de 1969 y junio de 1970 se expropiaron más de nueve millones de hectáreas de tierra, que representaron unos 15,826 lotes, con las cuales se beneficiaron unas 370,000 familias.[4][5]Los propietarios de las tierras expropiadas fueron obligados a aceptar a cambio Bonos de la Reforma Agraria, de tres clases: a pagar en 20 años (clase A), 25 años (clase B) y 30 años (clase C), que se pagarían con un interés anual del 4 al 6% al rebatir.
rebatir. En la actualidad, se discute en los tribunales el actual valor de dichos bonos, cuyos principales propietarios son el Gramercy Funds Management (USA) y el Banco de Crédito del Perú.[6]
Management (USA) y el Banco de Crédito del Perú.[6]
AntecedentesEditar

Faena agrícola en la sierra peruana (1940).
En 1958, 11 años antes de la reforma velasquista, Pedro Beltrán había encabezado una Comisión para la Reforma Agraria sin ningún resultado concreto.
AntecedentesEditar

Faena agrícola en la sierra peruana (1940).
En 1958, 11 años antes de la reforma velasquista, Pedro Beltrán había encabezado una Comisión para la Reforma Agraria sin ningún resultado concreto.
En 1963, durante el gobierno de la Junta Militar presidida por Nicolás Lindley, se promulgó la Ley de bases para la Reforma Agraria que creó el IRAC (Instituto de Reforma Agraria y Colonización) e inició el proceso de la reforma agraria en el valle de La Convención (Cuzco).
Al año siguiente, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se promulgó la Ley de Reforma Agraria, que no incluyó a las grandes propiedades de la costa norte y tuvo problemas para ser aplicada. Belaúnde, como signatario de la Carta de Punta del Este, se comprometió a:
GRACIAS ELIZABEHT
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