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El documento prometía la protección de los derechos eclesiásticos, la protección de los barones ante la detención ilegal, el acceso a justicia inmediata y limitaciones de tarifas feudales a favor de la Corona. El acuerdo sería implementado por un concilio de veinticinco barones. Ninguno de los bandos cumplió con sus compromisos y la carta fue anulada por el papa Inocencio III, lo que provocó la primera guerra de los Barones.
Después de la muerte de Juan I, el gobierno de regencia del joven Enrique III volvió a promulgar el documento en 1216 —aunque despojado de algunos de sus incisos más radicales—, en un intento fallido de obtener apoyo político para su causa. Al final de la guerra en 1217, la carta formó parte del tratado de paz acordado en Lambeth, donde adquirió el nombre de «Carta Magna» para distinguirla de la pequeña Carta Forestal emitida al mismo tiempo. Ante la falta de fondos, Enrique III decretó nuevamente la carta en 1225 a cambio de una concesión de nuevos impuestos. Su hijo Eduardo I repitió la sanción en 1297, esta vez confirmándola como parte del derecho estatutario de Inglaterra.
El documento se volvió en parte de la vida política inglesa y era renovada habitualmente por el monarca de turno, aunque con el paso del tiempo el nuevo Parlamento inglés aprobó nuevas leyes que hicieron que la carta perdiera parte de su significado práctico. A finales del siglo xvi hubo un creciente interés por ella. Los abogados e historiadores de la época pensaban que existía una antigua constitución inglesa, remontada a los días de los anglosajones, que protegía las libertades individuales de los ingleses, y argumentaron que la invasión normanda de 1066 había suprimido estos derechos; según ellos, la Carta Magna fue un intento popular de restaurarlos, lo que la convirtió en un fundamento importante para los poderes contemporáneos del Parlamento y principios legales como el habeas corpus. Aunque este relato histórico tenía sus fallas, juristas como Edward Coke lo utilizaron asiduamente a principios del siglo xvii para objetar el derecho divino de los reyes, planteado por los Estuardo desde el trono. Tanto Jacobo I como su hijo Carlos I intentaron prohibir la discusión de la Carta Magna, hasta que la Revolución inglesa de los años 1640 y la ejecución de Carlos I restringieron el tema.
El mito político de la carta y la protección de las antiguas libertades personales persistieron después de la Revolución Gloriosa de 1688 hasta bien entrado el siglo xix. Influyó en los primeros colonos americanos de las Trece Colonias y en la formación de la Constitución estadounidense en 1787, que se convirtió en la ley suprema de los territorios en la nueva república de los Estados Unidos.[iii] La investigación de historiadores victorianos demostró que la carta original de 1215 concernía a la relación medieval entre el monarca inglés y los barones, en lugar de los derechos de la gente común, pero seguía siendo un documento poderoso e icónico, incluso después de que casi todo su contenido fue derogado de los estatutos de los siglos xix y xx.
La Carta Magna aún constituye un símbolo importante de la libertad, frecuentemente citada por políticos y activistas angloparlantes y respetada por las comunidades legales británicas y estadounidenses; el jurista Tom Denning la describió como «el documento constitucional más grande de todos los tiempos: la fundación de la libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota».[6]
En el siglo xxi solo existen cuatro copias auténticas de la carta de 1215: dos en la Biblioteca Británica, una en la catedral de Lincoln y otra en la catedral de Salisbury. El 3 de febrero de 2015, en conmemoración del 800.º aniversario, se exhibieron en la Biblioteca Británica las cuatro cartas originales de 1215. También existe un puñado de cartas posteriores en poder de instituciones públicas y privadas, como algunas copias de la carta de 1297 conservadas en los Estados Unidos y Australia.
Las cartas originales se escribieron en hojas de pergamino utilizando plumas de ave, en latín medieval rigurosamente abreviado, que en ese tiempo era la redacción convencional de los documentos legales. Cada uno tenía el gran sello real, hecho de cera estampada y lacre de resina, aunque pocos de estos sellos han sobrevivido. Aunque los eruditos se refieren a sesenta y tres «cláusulas» numeradas de la Carta Magna, este sistema moderno de numeración fue introducido por William Blackstone en 1759; el estatuto original era un texto único, vasto e ininterrumpido.
Explicación:
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