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Respuesta:La economía mundial es cada vez más global. Los negocios digitales se ofrecen en los distintos países y el Perú no es ajeno a esta tendencia. Los servicios que se consumen todos los días son, por ejemplo, las plataformas
Los expertos en política fiscal e instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vienen discutiendo desde hace algún tiempo la mejor manera de gravar los servicios digitales. Sin embargo, debido a su naturaleza digital, dicha tarea no es sencilla, pues su aplicación puede resultar en efectos no deseables, como son
la intervención en las decisiones empresariales,
la doble o múltiple imposición,
los conflictos del ejercicio de la potestad tributaria de uno o más Estados, y
el aumento en los costos de transacción de las empresas perceptoras o retenedoras del impuesto y de la administración del impuesto, por parte de las autoridades tributarias.
Actualmente, existen distintas propuestas fiscales para gravar los servicios digitales (OECD, 2019). La Comisión Europea y la OCDE vienen analizando las diversas formas de hacerlo, siendo el núcleo de la discusión el cómo debe ser el reparto de la recaudación efectiva de este impuesto, entre los países que reclaman la imposición de este para incrementar su recaudación, más aún cuando se trata de empresas globales, con ingresos apreciables, que a pesar de la crisis económica producida por la COVID-19 siguen generando ingresos considerables.
Una primera cuestión es si el impuesto debería ser único para todos los países o, si en realidad, cada jurisdicción, según sus propias políticas fiscales, debería diseñar un impuesto propio. Las ventajas de un impuesto único son las de evitar el conflicto del poder tributario y la múltiple imposición que se suscita en cada uno de los países. Sin embargo, esta propuesta también trae inconvenientes políticos, debido a que existen otros elementos de gobernabilidad interna que surgen y que son impredecibles y no negociables. Solo para citar un ejemplo, las presiones que tienen los Estados por lograr mayores ingresos a corto plazo conllevan la implementación de medidas individuales y no consensuadas sobre cuál debería ser el criterio de sujeción para gravar los servicios digitales.
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