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Las circunstancias excepcionales que estamos viviendo en la actualidad como consecuencia de la crisis sanitaria a la que se enfrenta el mundo entero han traído consigo la restricción de varios derechos de especial protección constitucional. Pero, ¿tienen amparo legal todas esas reducciones de derechos?
biancaweber:
Probablemente, nadie se esperaba mientras hacía balance de su 2019 el pasado 31 de diciembre que durante los primeros meses del año nuevo fuéramos a vivir una situación sin precedentes en la historia de la humanidad.
Tampoco pensaría nadie el día 9 de marzo, cuando comenzaron a oírse rumores de que iban a empezar a restringir la movilidad dentro del territorio nacional, que finalmente fueran a ser ciertos. Pero, realmente, la situación que ha generado el COVID-19 y las consecuencias de la misma están siendo y serán en el futuro devastadoras desde una perspectiva global, ya que afectan a diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre los que se encuentra también el Derecho.
Durante los últimos días hemos visto restringidos nuestros derechos y libertades constitucionales hasta niveles que jamás hubiéramos imaginado en pleno siglo XXI. El ejemplo más significativo de esto último es que llevamos más de un mes con la prohibición de salir de nuestras casas, salvo por razones justificadas y enumeradas en los Reales Decretos que ha ido publicando el Gobierno de España.
No obstante, la restricción de la libertad está justificada por razones obvias, y más aún desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo que estábamos ante una pandemia mundial, que quiere decir, según la definición facilitada en la propia página de la OMS, que hay una “propagación mundial de una nueva enfermedad”.
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