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La Constitución actual fue escrita en 1980, luego de 25 años de vigencia (2005) y bajo el gobierno de Ricardo Lagos se realizaron más de 58 reformas a la Carta Magna. Destacan entre los cambios la reducción del período presidencial de seis a cuatro años, sin reelección inmediata, el aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, además se eliminó la designación de los senadores vitalicios y se determinó que sólo el Presidente de la República, podía convocar al Consejo de Seguridad Nacional.
Pero, ¿Cada cuánto tiempo los países deberían actualizar sus cartas fundamentales? Al ser consultada sobre esto, la docente indicó que “En democracia, hay un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que señala que la vigencia de una Constitución puede ser de 19 años y medio, en promedio. Pero sin duda, estos cambios constitucionales dependen de la estabilidad del sistema político, de la capacidad del sistema político de ser gobernable y de cómo, en definitiva, se analizan las crisis políticas y sociales que lo pueden poner en riesgo. Nuestro sistema político venía arrastrando desde mediados de la década 90′ una fuerte crisis de legitimidad producto de la estructura del sistema, que estaba dado a partir de la Constitución del año 80’. Y esto, de cierta manera, entrababa el proceso para lograr una democracia más efectiva, que es un reclamo muy sentido de las élites políticas y la ciudadanía”.
Carta fundamental
Según expuso la docente UCM, la Constitución es fundamental porque establece las reglas del juego que determinan el orden político de un país. Da cuenta de cómo se va a distribuir el poder en una sociedad, no solamente desde el aspecto jurídico, sino entre distintas instituciones del Estado, si habrá o no cambios al régimen político, a las relaciones entre el ejecutivo y legislativo, así como también establecerá cuáles son los quorum del Congreso, cuál será la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. En definitiva, ordena la estructura democrática de un país y establece la participación de los distintos actores, tanto individuales como colectivos en la toma de decisiones.
“La Constitución del 80 tiene un problema de legitimidad y de origen, no fue elaborada en democracia y no cuenta con una participación más plena de la ciudadanía. Es decir, hay fuertes críticas, respecto de cómo se elaboró la Constitución, quienes participaron en la misma. Y, en definitiva, cuál fue el grado de legitimidad que tiene. Por lo mismo, si es necesario modificar la Constitución, porque efectivamente nuestro sistema político está dando muestras de que la crisis de confianza, la crisis de representatividad política y la tensión que existe entre la ciudadanía y la elite, necesariamente requiere establecer nuevas reglas del juego, que permitan recobrar esa conciencia institucional y darle garantías de estabilidad a nuestro sistema político democrático”, comentó.
Y agregó que “Una simple reforma a la Constitución no cambiaría cuestiones que para la ciudadanía hoy día son fundamentales y que dicen alusión con la extensión de derechos sociales. El principal reclamo por parte de la ciudadanía, dice relación en términos de la democracia, que se siente insatisfecha a nivel latinoamericano con el sistema político democrático. Principalmente, porque éste no logra responder adecuadamente sus demandas, por eso es necesario que esos derechos no solamente estén en el papel, sino que efectivamente la ciudadanía sienta que ha habido un cambio que implique una mejora en su calidad de vida”.
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