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Un gobierno limitado es aquel cuyas funciones y poderes ejercidos a través del Estado están limitados o restringidos por la ley, generalmente por medio de una constitución. Estos poderes nunca pueden interferir con las libertades de cada individuo. Así pues, este gobierno quedaría limitado a las funciones de justicia, seguridad, defensa, y en algunos casos obras públicas.
El término es de uso más o menos reciente y se ha querido aplicar a las teorías políticas de la Ilustración, que dieron lugar al constitucionalismo liberal del siglo XIX. Estas incluyen, como ejes fundamentales, la separación de poderes y el sometimiento del Estado a una constitución.
Aunque en líneas generales, la doctrina del gobierno limitado se fundamenta en las teorías republicanas de la Ilustración como la separación de poderes, para sus propuestas concretas se apoya en teorías hayekianas y monetaristas sobre la superior eficiencia del mercado en la provisión de la mayoría de bienes y servicios. Promueve, por lo tanto, la apertura al mercado de los servicios sociales como sanidad y educación, así como la reducción de las estructuras burocráticas de administración pública y la redistribución de los bienes públicos.
De acuerdo con los teóricos del think tank estadounidense Cato Institute,[cita requerida] la única tarea legítima del gobierno es crear un marco de estabilidad garantizando paz, justicia y libertad, y defender los derechos individuales de sus ciudadanos, que se definen normalmente en términos de libertad, vida y propiedad o de igualdad de derechos. Es decir, la teoría del gobierno limitado rechaza los derechos de segunda y tercera generación por interferir en la libertad negativa del individuo.
Por consiguiente, el exceso en las funciones estatales, al tener éste el monopolio de la violencia, se equipara a la tiranía. Para evitar la concentración de poder en unas pocas manos, se propone limitar los poderes y la actuación del gobierno: no sólo el establecimiento de una constitución que regule el ejercicio del derecho, sino restringir las capacidades de la administración de acceder a la prensa (para permitir la independencia de ésta), los medios de producción (para favorecer la iniciativa privada) y la educación (para evitar la difusión de «propaganda estatal»).
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