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Los estudios sobre los derechos reconocidos en la Constitución Política de Colombia abundan y no así los relacionados con los deberes fijados en la misma Carta. El sistema de derechos y deberes constitucionales se estructura alrededor de dos principios: el que indica que el ejercicio de todo derecho implica deberes y el de reciprocidad, que impone la mutua participación del Estado y la sociedad. Luego de una revisión sistemática a los Artículos y sentencias que contemplan los alcances en materia de garantías de los derechos, se llega a la conclusión que garantizar los derechos por parte del Estado no debe rallar con el abuso de poder, sino que se trata, en la relación entre derechos y deberes, de lograr un equilibrio entre lo máximo deseado y lo máximo posible.
La Constitución Política colombiana de 1991, en el artículo 95, establece que “…el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades…”. Con este postulado constitucional se reafirma el principio general del derecho de que todo derecho tiene como contrapartida una obligación. Este principio que rige en los contratos civiles bilaterales, puede asimilarse en materia de derecho público a la teoría contractual, respecto de las obligaciones recíprocas de las partes, en una relación jurídica de esta naturaleza (es decir, contractual). En aras de la comprensión del Artículo de referencia, resulta necesario precisar el alcance de la expresión “responsabilidades”, para determinar si es equivalente o sinónimo de “contraprestaciones”, “deberes” o “cargas”. Adicionalmente, se debe hacer otra aclaración sobre el artículo 95 en lo referente a qué son deberes “de la persona y del ciudadano”, que evidencia una distinción entre una y otro, aunque tengan los mismos deberes. En este artículo de investigación se analiza críticamente la importancia, alcances y repercusiones desprendidas de las disposiciones del artículo 95 de la Constitución Política de la República de Colombia.